Los ocho senadores de la Comisión Séptima que buscan hundir la reforma de la salud del presidente Gustavo Petro, pertenecen a partidos políticos que recibieron donaciones económicas para la campaña electoral de 2022.
La denuncia es del diario español El País, y se basa en informes presentados por los partidos en el portal Cuentas Claras del Concejo Nacional Electoral (CNE).
Con esos informes obligatorios, los partidos pretenden hacer transparentes las contribuciones, donaciones y créditos en dinero o en especie que reciben de particulares para las campañas políticas.
El hecho de que esos dineros hayan ingresado a los partidos cuyos senadores pertenecen a la Comisión Séptima, ya es motivo de debate y acusaciones, porque pueden significar posibles conflictos de interés y, por consiguiente, ofrecer la eventualidad de que el sepultado proyecto de reforma cobre vida de nuevo.
Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) que donaron dineros a los partidos políticos son Keralty y Grupo Bolívar, dueñas de EPS Sanitas y las empresas de medicina prepaga Colsanitas y Medisanitas, por un lado, y de Salud Bolívar, por otro.
Hay un agravante: Keralty es una empresa extranjera, impedida radicalmente para participar en actividades partidistas en Colombia, lo cual genera mayor inquietud entre quienes denunciaron a los senadores.
Así, según el diario, el Partido de la U, de la senadora Norma Hurtado, opositora a la reforma, recibió 15 millones de pesos de la organización Sanitas Internacional.
También recibió aportes de dos empresas del Grupo Bolívar, dueño de Davivienda, Constructora Bolívar y la EPS Salud Bolívar. Un aporte de Seguros Comerciales Bolívar, fue de 20 millones de pesos; otros, de Seguros Bolívar, de 48 millones; y de Davivienda, de 72 millones. Suman 130 millones, el 1% de todas las donaciones.
La U también recibió 100 millones de pesos de Tecnoquímicas S.A., una compañía colombiana fabricante de productos farmacéuticos y suplementos multivitamínicos, que se podría ver afectada por la reforma de la salud.
“Por esa financiación, el concejal de Cali del Pacto Histórico, Sergio Zamora, recusó a la senadora Hurtado por posible conflicto de interés”, escribió El País. “La comisión de ética del Senado tendrá que decidir si le permite votar la reforma”.
Zamora también asegura que el esposo de la congresista, Fernando Gutiérrez, fue secretario de Salud del Valle del Cauca, y trabajó en la extinta EPS Cafesalud y en la liquidada Empresa Social del Estado Antonio Nariño, una red de ocho clínicas públicas ubicadas en el suroccidente del país.
En cuanto al Centro Democrático (CD), partido al que pertenecen los senadores Honorio Henríquez y Alirio Barrera, el diario señala que también recibió un aporte de Keralty en 2022.
“Según el documento oficial, la empresa le donó 35 millones al partido del expresidente Álvaro Uribe para la campaña al Congreso de 2022”, dijo el periódico. “Dos aseguradoras del Grupo Bolívar hicieron tres desembolsos; Davivienda otras tres, para un total de aportes 768 millones de pesos, el 8,94% del total. Tecnoquímicas donó 15 millones” al CD.
Al respecto, Héctor Fabio Osorio, diputado caleño del Pacto Histórico (partido de gobierno), recusó a los dos senadores uribistas.
Si se aceptan las tres recusaciones, el cuórum de la comisión encargada de votar la reforma bajaría de 14 a 11 senadores, y la oposición aún tendría 6 votos.
Pero hay más aportes, como los recibidos por el Partido Liberal del senador Miguel Ángel Pinto. Keralty le donó 10 millones a la campaña para el Congreso, el 0,78% de los aportes. Las dos aseguradoras del Grupo Bolívar hicieron sendas donaciones y el Banco Davivienda otra más, para un total de 144 millones de pesos.
Tecnoquímicas hizo tres donaciones que sumaron 180 millones, un 13,96% de todo el dinero.
Pinto, quien fue el líder de la ponencia de archivo de la reforma, no ha sido recusado, pero presentó impedimentos por posibles conflictos de interés.
El partido Colombia Justa Libres, al que pertenece la senadora Lorena Ríos Cuéllar, también recibió financiación de Keralty: 5 millones de pesos, que representan el 15% del total; la colectividad solo reportó contribuciones por menos de 34 millones de pesos en 2022.
El partido Conservador, al que pertenecen Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín, recibió 280 millones de pesos de empresas del Grupo Bolívar, el 4,24% del total. Tecnoquímicas, que donó 270 millones.
El Partido Alianza Social Independiente (ASÍ), al que pertenece Berenice Bedoya, también recibió dinero de Keralty y el Grupo Bolívar: 10 y 30 millones de pesos, respectivamente.
Bedoya reconoció los aportes, y ya presentó un impedimento, en el que sostiene que “al ser la representante legal de la ASI, implicaría un interés directo con la iniciativa legislativa, por cuanto se recibió donaciones de parte de sociedades privadas para la campaña al Congreso que podrían verse beneficiadas o afectadas”.
En total, Keralty, dueño de EPS Sanitas, donó a los partidos 74 millones de pesos; el grupo Bolívar, incluyendo a Davivienda, propietario de Salud Bolívar EPS, les donó 1.226 millones, y Tecnoquímicas hizo aportes totales a los seis partidos por 465 millones.
La decisión de aceptar o no las recusaciones, que puede cambiar el destino de la reforma a la salud, está en manos de la comisión de ética del Senado, compuesta por 10 parlamentarios: Martha Peralta, Isabel Cristina Zuleta e Imelda Daza, del Pacto Histórico; los conservadores Miguel Ángel Barreto y Carlos Andrés Trujillo; los liberales John Jairo Roldán y Juan Diego Echavarría, Carlos Abraham Jiménez López, de Cambio Radical, Julio Elías Chagüi, de La U; Jonathan Ferney Pulido, de la Alianza Verde; y Andrés Guerra Hoyos, del Centro Democrático.