La primera en defender lo indefensable fue María Fernanda Cabal.

Luego, le siguieron Paloma Valencia y otros y otras gárgolas uribistas.

Declararon que una decisión legal era una venganza del presidente Gustavo Petro contra el general Jesús Armando Arias Cabrales.

En las redes sociales, pontificó Cabal: quitarle las condecoraciones al general Jesús Armando Arias Cabrales es un acto repudiable del gobierno de la venganza.

Se refería a Petro, obviamente, y a su ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Y, en un comunicado, Cabal citaba la Constitución, donde dice que “los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y modo que determine la ley”.

Pero, con toda su mala leche, olvidó otra norma, que sin duda conoce, pero que no quiso recordar, y que Petro le citó en su respuesta.

Se trata de un artículo del Decreto 4444 de 2010, que indica: “Pérdida del derecho al uso. Se pierde el derecho al uso de las condecoraciones, por las siguientes causas: a). Los militares en servicio activo o en retiro, por haber sido condenados por delitos dolosos a la pena de prisión por la Justicia Penal Militar o la ordinaria, o por haber sido separados en forma absoluta de las Fuerzas Militares por conductas indebidas…”

Y Arias fue condenado a 35 años de prisión por la desaparición de varias personas en el episodio del Palacio de Justicia, en 1985.

Y fue, precisamente, Helena Urán Bidegain, hija del magistrado Carlos Urán, quien promovió la decisión del retiro de las condecoraciones.

Urán salió vivo del Palacio de Justicia, llevado, junto con otros sobrevivientes, a un lugar especial controlado por Arias, donde lo hicieron desaparecer, luego de ser torturado.

En el mismo sentido de Cabal, Valencia rechazó la medida de Petro y Osuna, y en las redes sociales, los opositores al gobierno las acompañaron con comentarios ofensivos.

Luego, ayer mismo, vino otra metida de pata de Cabal. En un trino, le sugirió a Petro renunciar a los beneficios del indulto y la amnistía que el Estado otorgó a guerrilleros del Movimiento 19 de Abril M-19.

Solo que, como el presidente le hizo ver en su respuesta a Cabal, él nunca fue sujeto ni de amnistía ni de indulto, ni cometió delito alguno, y por lo tanto no tiene por qué renunciar a los beneficios que otorgan esas decisiones del Estado.

A Arias, como criminal que es, según la Justicia, no solo le pueden retirar las condecoraciones, sino que, por su mala conducta, puede ser expulsado del Ejército.

Ya no sería militar retirado, sino exmilitar y perdería otras garantías y otros beneficios que cobijan a los miembros de las Fuerzas Armadas de buen comportamiento.

Mientras tanto, Cabal, aspirante a la presidencia de la República, a nombre de la ultraderecha, tendrá que dedicar más tiempo a conocer las leyes del país que aspira a dirigir.

Lo mismo tendrán que hacer Valencia y los demás trinadores del del Uribismo.