Favorecer amigos y perseguir a Petro, los objetivos de Cabello

La procuradora general de la Nación, Margarita Leonor Cabello Blanco, hace un gesto como indicando que no es responsable de lo que la acusan. Foto: Redes sociales.

Una investigación de la senadora Esmeralda Hernández Silva permite concluir en que a la procuradora Margarita Leonor Cabello Blanco solo le interesa beneficiar a ciertos sectores políticos mediante la impunidad, y perseguir al Gobierno.

Según Hernández, la actividad de Cabello está orientada a hacer oposición al presidente Gustavo Petro.

Con 4,100 funcionarios y millonadas de presupuesto a su cargo, en tres años en la Procuraduría General, los índices de impunidad de Cabello son escandalosos: 2,576 procesos se vencieron (1,499 por caducidad y 1077 por prescripción). En total, 7 por día.

La senadora Hernández cree que lo anterior se debe a “una decisión completamente consciente de favorecer a sectores políticos a través de un altísimo nivel de impunidad”.

Hernández comparó la gran celeridad con la que la procuradora suspendió al canciller Álvaro Leyda Durán, con la asombrosa lentitud con la que ha llevado casos de sus amigos políticos, a fin de que prescribieran.

Citó como ejemplos la investigación en torno de la investigación sobre la corrupción electoral en Barranquilla y Atlántico, proceso en el que solo se sancionó a la excongresista Aída Merlano.

Los supermillonarios contratos para comprar y remodelar oficinas

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Según la senadora, la familia Char (que ha respaldado a Merlano en los últimos años) participó con más de 12,000 millones de pesos en la compra de votos, dinero del cual, Merlano dijo haber recibido 500 millones.

El dinero procedía de contratos, comisiones y coimas con dineros del Estado.

Según respuesta de Cabello a la investigadora, la investigación no involucra a ningún miembro de la familia Char. La única sancionada, con 10 años de inhabilidad para desempeñar cargos públicos, es Merlano.

Hernández citó el escándalo de Reficar, originado por la pérdida de 8,000 millones de dólares destinados a la construcción de la Refinería de Cartagena en 2007.

De seis procesos, tres fueron archivados por Cabello, uno tuvo fallo y fue a segunda instancia, “pero allí, por inoperancia, la Procuraduría lo dejó prescribir”, dijo Hernández.

Por ahora, no hay sanciones en torno de este, considerado el caso de corrupción más grande de la historia de Colombia.

En otro caso, la masacre de El Tandil (en Nariño), en el que hay involucrados varios miembros de la fuerza pública, solo hay una suspensión de tres meses a un teniente. Nada más.

Finalmente, la senadora se refirió al escándalo por los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht, y dijo que de los 54 procesos abiertos, 31 han sido archivados, cuatro prescritos (involucran a los políticos Plinio Olano, Armando Benedetti y Ciro Rodríguez), y solo cinco sanciones en firme.

Fueron archivados los procesos contra el presidente, el vicepresidente, el director y el subdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani(, a la contratista familia Solarte, al político Musa Besaile, Sandra Elena Villadiego, y a directivos de Odebrecht en Colombia.

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