El miedo al expresidente Álvaro Uribe es solo en Colombia, y entre unos pocos, en especial en los despachos judiciales y la Fiscalía.

La Justicia lleva años intentando procesarlo, pero todo parece encaminado a garantizarle impunidad en lo relativo a las 6,402 ejecuciones extrajudiciales de los falsos positivos.

En Argentina es a otro precio; no le tienen el menor miedo.

Pocos días le fueron suficientes al juez federal de Buenos Aires, Sebastián Ramos, para recibir una denuncia, estudiarla y comenzar a investigar al responsable de esas miles de muertes y de incontables desapariciones.

Ramos se fundamentó en el principio de la jurisdicción universal que admite competencia judicial de todos los Estados en casos de lesa humanidad, sin importar el escenario de los crímenes ni la nacionalidad de los acusados.

Con ese argumento, Ramos abrió investigación reciente contra líderes de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, por muertes de manifestantes opositores en marchas en 2014.

El caso de Uribe está en manos del fiscal federal Carlos Stornelli, quien confirmó el avance del proceso.

Los querellantes incluyen a parientes de cuatro de las 6,402 personas identificadas hasta ahora, ejecutadas por militares colombianos que presentaron los cadáveres como de guerrilleros muertos en combates durante el gobierno de Uribe.

Por ahora, la Justicia argentina llamó a declarar, entre otras personas, a los denunciantes Laura Vanessa Piña, hija de Álvaro Adolfo Piña; Wilmer Andrey Pérez Betancourt, hijo de Beyer Eduardo Pérez; Bertina Badillo Erazo; tía de Didier Eduardo Durant Badillo, y Osmaira Nieves Oñate; hermana de Luis Eduardo Oñate.

La denuncia fue acompañada por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad, organizaciones colombianas a nombre de las cuales habló la abogada Daniela Rodríguez Sanabria.

La denuncia fue presentada en Argentina, dijo Sanabria, “porque en el país aplica la jurisdicción universal, pero también porque compartimos un pasado de atrocidades y creímos que podría haber mayor sensibilidad frente a esa búsqueda de Justicia”.

La jurisdicción internacional puede ser aplicada por cualquier país que la admita. Es el caso de España, donde el juez Baltasar Garzón ordenó el arresto internacional del ex dictador chileno Augusto Pinochet, por crìmenes de lesa humanidad cometidos durante su gobiernoi.

Hace pocos días, al saber que había sido denunciado en el exterior, Uribe rechazó los señalamientos y dijo que “el colectivo de abogados, el mismo de las falsas víctimas de Mapiripán, el mismo de infamias contra mí durante 30 años (…) ese mismo ahora me denuncia en Argentina”.

Y advirtió a la Justicia argentina que está listo a enfrentar “esta nueva temeridad de abogados al servicio de causas políticas”.