Encuevada en su caverna y protegida por 1,800 policías, la Corta (antes Corte) Suprema de Justicia (CSJ) no pudo este jueves escoger a una de tres candidatas como Fiscal General de la Nación.
Otra vez pudieron más los compromisos burocráticos de los magistrados, con parientes en altos puestos de la fiscalía, que la urgente necesidad de separar del cargo de fiscal encargada a Martha Janeth Mancera, una cuestionadísima funcionaria a quien subalternos suyos vinculan con narcotraficantes y contrabandistas de su departamento, Valle del Cauca.
Los asustadizos magistrados de la CSJ parecen temer que, si relevan a Mancera, quien heredó el cargo del ultracorrupto Francisco Barbosa, que los nombró, queden desempleados con una fiscal honrada, como las tres aspirantes.
Soberbios hasta el hastío, los magistrados sesionaron en lo profundo de su palacio, por temor a los gritos del pueblo, al que consideran como personas inferiores a ellos, indignas de reclamarles que cumplan con su deber.
Después del mediodía, el presidente de la CSJ, Gerson Chaverra Castro, dijo que luego de varias votaciones, ninguna de las tres candidatas alcanzó los 16 votos necesarios.
Dijo que una candidata, cuyo nombre no mencionó, alcanzó una cifra importante de votos (al parecer, 13 votos).
Dijo también que en la sesión se había derrotado el voto en blanco que caracterizó otras sesiones.
Luego señaló que una nueva elección ocurrirá el 7 de marzo.
Las candidatas, propuestas legalmente por el presidente Gustavo Petro, son Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra.
Las tres son veteranas juristas que pueden garantizar una limpieza de la fiscalía, calificada por analistas y observadores, incluido el propio presidente Petro, como una entidad tomada por las mafias.
Amelia Pérez Parra fue fiscal de derechos humanos en 1998, llevó investigaciones sobre paramilitarismo, en particular, contra Carlos Castaño y Salvatore Mancuso por masacres como las de Trujillo, El Aro y Mapiripán; así como por la desaparición de Alirio Pedraza y Nidia Erika Bautista.
uz Adriana Carmargo es abogada de la Universidad de la Sabana, con una especialización en Derecho Criminal de la Universidad Libre de Colombia.
Hizo parte del grupo que acompañó al hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En esa misión fungió como jefa de Investigación y Litigio, como parte del equipo que apoyó al Ministerio Público y al Organismo Judicial de ese país en la detección y desarticulación de redes criminales.
Ángela María Buitrago Ruiz es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas en la Universidad Externado de Colombia.
También es magíster en Derecho Penal y Doctora en derecho y en sociología de esta misma Universidad. En la Fiscalía fue quien por muchos años llevó la investigación de los desaparecidos del Palacio de Justicia.
