La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que no hubo entrampamiento para el exjefe de las Farc Seuxis Paucías ‘Jesús Santrich’ Hernández Solarte, pero sí de la Fiscalía General de la Nación para la Justicia Especial de Paz (JEP).

Un informe de Antonia Urrejola, experta internacional de Derechos Humanos designada por la ONU para analizar obstáculos al Acuerdo de Paz de 2016, enumera al menos seis grandes problemas que atentan contra la posibilidad de llevar la paz a la práctica.

Urrejola incluyó en el informe el resultado de su investigación de denuncias por un eventual entrampamiento a ‘Jesús Santrich’, a raíz del cual huyó (fuga en la que terminó muerto), y concluyó en que no hubo entrampamiento, pero sí una obstaculización de la Fiscalía a la labor de la JEP, que lo investigaba por posible narcotráfico.

El informe, sustentado en más de 80 entrevistas, será presentado el 2 de abril, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Este martes, en rueda de prensa, Urrejola explicó los seis grandes obstáculos que enfrenta el proceso de paz con las Farc.

1.   El acuerdo de paz no se ha implementado como política de Estado, y aunque el acuerdo es "una hoja de ruta para atender las causas estructurales del conflicto y asegurar la no repetición, el compromiso de los gobiernos de turno con una implementación integral ha variado".

2.   Los primeros años tras la firma del Acuerdo de Paz fueron cruciales para impulsar su implementación y consolidar la confianza ciudadana, pero al mismo tiempo hubo "un contexto político hostil" al acuerdo de paz, lo cual resultó en una implementación desigual y en "una serie de ataques hacia los mecanismos creados por el acuerdo". En este contexto ocurrió el asunto relacionado con la extradición de Hernández Solarte.
3.   La violencia sigue vigente en el país, con nuevos actores armados que ocuparon los espacios dejados por las Farc. La continuidad de la violencia afecta especialmente a defensores de derechos humanos, a personas que promueven la implementación del acuerdo de paz, a campesinos, pueblos étnicos, y a excombatientes de las Farc.

Al respecto, Urrejola recomienda implementar, con prioridad, la política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales. La desarticulación de las estructuras macro criminales y la lucha contra la corrupción son un eje fundamental en la consolidación de la paz".

4.   Ausencia de una entidad gubernamental de alto nivel, que coordine los esfuerzos estatales de implementación del acuerdo de paz, por lo cual recomendó crear una instancia que pueda liderar la implementación, y coordinar las acciones necesarias con todas las entidades del gobierno, así como lograr una coordinación entre las diferentes políticas públicas en materia de justicia transicional.

5.   Esa entidad gubernamental debe estar separada de la institución encargada de las negociaciones de paz y debe de centrar su atención, entre otras cosas, en el quinto obstáculo para la implementación, que es el rezago en la implementación del capítulo étnico y las disposiciones de género del acuerdo de paz.

6.   Continúan las vulneraciones de los derechos humanos de las personas firmantes del acuerdo. Ya van más de 400 asesinatos desde la firma del acuerdo, aunado a desplazamientos forzados, y desapariciones. Eso a pesar de las numerosas alertas de la Defensoría del Pueblo y de la Declaración del estado de cosas inconstitucionales de la Corte Constitucional. Los excombatientes también enfrentan obstáculos para acceder a educación, vivienda, entre otros.

Según la experta, es preocupante la demora en la resolución de la situación jurídica de las personas firmantes, en particular respecto a las amnistías e indultos, por parte de la JEP, a la que también instó a llevar a cabo el alistamiento institucional necesario para el "diseño, desarrollo y ejecución exitosa de las futuras sanciones restaurativas, en condiciones de seguridad para comparecientes de la JEP y víctimas".

El caso ‘Santrich’

El informe incluye el asunto de ‘Jesús Santrich’, sobre el cual la JEP interpuso una denuncia ante la Fiscalía en marzo de 2023, pidiéndole que investigara conductas de antiguos servidores en el proceso mediante el cual la JEP le otorgó la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández Solarte en mayo de 2019.

Al respecto la experta consideró que por parte de la Fiscalía General de la Nación una obstaculización del procedimiento de la JEP para que tomara una decisión en el tiempo oportuno sobre la garantía de no extradición de 'Santrich'.

Para resolver la situación de 'Santrich' hubo una "demora excesiva" de parte de la Fiscalía en entregar a la JEP una información que requirió, lo cual daría indicios de una obstaculización.

La Fiscalía estaba a cargo de Francisco Barbosa Delgado.

Según Urrejola, este caso es un ejemplo de "uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana" en el Acuerdo y en el sistema de justicia transicional.

Además, se señala que con lo sucedido "se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna, y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el Acuerdo. A su vez, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP”.

Urrejola señaló que sus palabras no son un pronunciamiento sobre la inocencia de ‘Santrich’, “pero sí hay una serie de hechos que dan cuenta de un uso abusivo de la acción penal”

"Yo señalo expresamente que esta demora y el conflicto de competencias que ocurrió entre la Fiscalía y la JEP claramente generó una desconfianza de parte de las personas firmantes sobre cómo estaban operando las instituciones sobre las garantías de no extradición", indicó.

“No concluyo que existió, como dicen en Colombia, un entrampamiento. Me parece que para poder establecer claramente esa responsabilidad es necesaria la investigación penal, por eso las recomendaciones que le hacemos a la Fiscalía. Sí creo que al menos hay ciertas dudas en la falta de colaboración que tuvo la Fiscalía, hay que determinar si tuvo que ver con problemas de funcionamiento, con falta de comunicación, o algo más, eso a mí no me corresponde determinarlo. Pero esto tuvo un impacto respecto de la JEP y su labor en su momento”, afirmó la experta.

Aclaró que las conclusiones no son resultado de una investigación penal, lo cual le "corresponde a la Fiscalía investigar, en el marco de la denuncia interpuesta por la JEP", e indicó que por las consecuencias que tuvo en la sociedad colombiana y en la legitimidad de la JEP todo la situación del caso 'Santrich', se recomienda a la Fiscalía que priorice la investigación del hecho, con base en la denuncia elevada por la JEP, "con el apoyo de un grupo de expertos independientes, y que informe públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación en el plazo de un año, sin perjuicio de la reserva y plazo legales correspondientes".