Leyva sí cumplirá la suspensión, pero el presidente dirá cuando

Álvaro Leyva Durán, uno de los funcionarios de mayor prestigio del actual Gobierno, sigue, por ahora, al frente de la cancillería. Foto: Cancillería.

El canciller Álvaro Leyva Durán, aseguró que cumplirá la suspensión de tres meses que le impuso la Procuraduría General de la Nación, pero el presidente Gustavo Petro le dirá cuándo.

Leyva fue suspendido el 25 de enero, como protagonista de episodios que investiga la procuraduría y que tienen que ver con el suministro de pasaportes por la firma Thomas Greg & Sons.

El canciller declaró desierta la licitación para la provisión de pasaportes, en cumplimiento de instrucciones de Petro de no otorgar licitaciones con proponente único, y Greg & Sons lo era.

Desde entonces, Leyva ha continuado al frente de su cargo, con el beneplácito del presidente, que espera encontrar un candidato para nombrarlo en reemplazo temporal de Leyva.

El acatamiento a la sanción está contenido en una carta de Yefferson Mauricio Dueñas, abogado de Leyva, al procurador delegado Ernesto Jesús Espinosa.

Dueñas sostiene que es el presidente Petro quien debe nombrar el reemplazo de Leyva, para garantizar el funcionamiento del ministerio de Relaciones Exteriores.

El abogado recordó que fue la propia cancillería la que, en el fallo de suspensión, expuso ese criterio.

“De seguro comprenderá usted que el cumplimiento de lo dispuesto en la providencia, que por demás es en estos momentos objeto de consulta ante la señora Procuradora General de la Nación, hace imprescindible la coordinación de diversas funciones con miras a garantizar eso mismo que la Sala Disciplinaria exigió: la garantía en la continuidad en la prestación del servicio y el cumplimiento de las funciones de la Cancillería”, explica la carta de Dueñas.

Para la sanción, la procuraduría argumentó dos razones: la primera, que para declarar desierta la licitación, Leyva no habría tenido los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”.
La segunda tiene que ver con la decisión de la Cancillería de decretar la urgencia manifiesta, luego de declarar desierta la licitación.

Para la Procuraduría, el problema es que Leyva, al parecer, no tenía los argumentos para haber declarado esa urgencia, pues en el proceso de licitación sí había una empresa que cumplía con los requisitos exigidos por el Estado para quedarse con el contrato: Thomas Greg & Sons.

Luego de la decisión de la Procuraduría, Dueñas escribió a la Procuraduría para pedirle a la procuradora Margarita Leonor Cabello Blanco declararse impedida dentro del caso. La decisión en contra de Leyva debe ser revocada de inmediato, ya que los cargos por los que lo llaman a juicio disciplinario no estaba bien fundamentada y pondría en riesgo la seguridad del Estado.

El abogado también señala que Leyva no pudo ejercer su defensa, “garantía del proceso disciplinario y no una simple formalidad, la Sala ya había sentado su posición con repercusiones gravísimas para él que era conocida por toda la sociedad”.

Si Leyva hubiera tenido esa garantía, hubiera podido “explicar ante el ente de control por qué la conducta objeto de examen no constituye falta disciplinaria o no existen elementos para atribuir responsabilidad. Empero, desde antes de su radicación, los argumentos que pudieran ser planteados carecían de interés y relevancia para la Procuraduría General, que ya había anticipado la formulación de cargos”.

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