El flamante partido Alianza Verde (AV) sigue sentado en la butaca de los acusados por la Justicia colombiana, por cuenta del grtan saqueo al dinero del Estado a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Además de militantes de alto nivel, como el expresidente del Senado Iván Leónidas Name Vásquez, y de la exConsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, presos, esta vez el turno ante los jueces es nada menos que para el fundador de AV, Carlos Ramón González Merchán, 66.

Al menos tres veces en menos de un mes, el presidente Gustavo Petro ha expresado públicamente su intención de proponer un proyecto como el de la extinta Gran Colombia.

Lo dijo el 1 de mayo, en su discurso ante millares de manifestantes en Bogotá, a los que explicó los alcances de haber sido elegido como presidente temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Bogotá.

El médico vallecaucano Roy Leonardo Barreras Montealegre, embajador de Colombia ante el Reino Unido, dijo que este martes será su último día en el cargo.

Poco antes del anuncio, el veterano político y ahora diplomático, entregó su carta de dimisión a la canciller, Laura Camila Sarabia Torres.

Desde Soledad, Atlántico, el presidente Gustavo Petro consolidó uno de los puntos más importantes para la consulta popular, en defensa de la reforma laboral. Oficialmente fueron instalados los Comités Ciudadanos por el Sí a la Consulta Popular. Desde la ciudad caribeña, varios líderes comunitarios y sociales apoyaron el Sí absoluto a las 12 preguntas que el Gobierno del Cambio propone. Incluso, aseguraron que harán todo lo posible para que Soledad saque 200 mil votos favorables a este mecanismo de participación popular.

La finalidad que tienen los Comités Populares por el Sí, es crear espacios pedagógicos de diálogo, donde se convoque a la comunidad a hablar, conocer y debatir las 12 preguntas de la consulta, las cuales el presidente Petro presentará al Senado el próximo 1 de mayo.

La Corte Constitucional (CC) ordenó suspender los efectos de la decisión que determinó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede procesar al presidente de la República por violaciones a la norma sobre financiación de campañas políticas.

La Sala plena tomó la decisión, por cinco votos contra cuatro, durante el estudio de una acción de tutela que solicitó el presidente Gustavo Petro en febrero y que fue remitida para su revisión por el Consejo de Estado.

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