Una semana de trabajo le permitió al presidente Gustavo Petro definir los alcances de la medida extraordinaria, y este viernes decretó el estado de conmoción en 17 municipios de Catatumbo en Norte de Santander y Cesar, y en los territorios de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura.

La medida pretende enfrentar la guerra entre fracciones de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc, extintas) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), y sus consecuencias para la población civil.

El decreto se aplicará a las zonas donde la violencia ha impactado con mayor intensidad, y el Área Metropolitana de Cúcuta, que acoge a miles de refugiados.

La parte resolutiva de la medida dice que el Gobierno debe "Declarar el estado de conmoción interior, por el término de 90 días contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en la región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del departamento de Norte de Santander, la cual está conformada por los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú, y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Bari, y Catalaura La Gabarra, así como el área metropolitana de Cúcuta, que incluye el municipio de Cúcuta (...) y a los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, y Puerto Santander, y los municipios de Río de Oro y González, del departamento del Cesar".

En el decreto no está incluida ninguna región de Arauca, como se especuló hasta el jueves, debido a que, según informes de inteligencia, de allí salieron guerrilleros del Eln rumbo a Catatumbo, para desatar la guerra.

El decreto deja claro cuáles son las razones por las que se recurre a la medida extrema, que habilita al gobierno a emitir decretos con fuerza de ley para ejercer medidas que permitan conjurar la crisis humanitaria.

Tras la declaratoria de la conmoción, la norma pasa a revisión por parte del Congreso y de la Corte Constitucional. En el caso del Legislativo se trata de una acción meramente ritual; el Congreso solo emite un concepto de si está de acuerdo o no con lo expresado en el decreto. En cambio, la Corte Constitucional es la que tendrá la última palabra, pues deberá revisar la constitucionalidad o no de la figura invocada. Vale recordar que la Corte Constitución ya impidió declarar el estado de excepción en La Guajira hace algunos meses, pues consideró que la motivación no era

Mientras tanto, el Gobierno deberá desarrollar decretos basados en el estado de Conmoción, pues situación humanitaria en la zona es grave.

Aunque no se saben cuántos decretos habrá, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, apuntó a que los textos tienen una aplicación inmediata de orden militar, seguida de una más grande, de índole social, pues señaló que debe hacerse una transformación total del territorio.

Finalmente, habrá aplicación del Plan Catatumbo, un programa que desde hace año y medio se viene desarrollando en conjunto con los gobernantes de dicha zona.