El Tribunal Superior de Cundinamarca le otorgó la razón al presidente Gustavo Petro y lo libró de pagar una multa de 22,170 millones de pesos que le impuso la Contraloría Distrital, por el modelo de basuras que implementó, cuando fue alcalde de Bogotá.

La sanción monetaria, que en 2018 Petro calificó como impagable, cobijaba también a los subalternos de Petro María Mercedes Maldonado, Alberto José Merlano Alcocer y Gerardo Ardila, que debían pagar 75.483 millones de pesos.

Con decisión de los magistrados Óscar Armando Dimaté, César Giovanni Chaparro y Moisés Rodrigo Mazabel, el tribunal les dio la razón a Petro y su equipo ordenando levantar esa sanción, que se remite a una multa que le impuso en 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio (Sic) al Acueducto de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) por más de $80.000 millones, monto que fue pagado por la administración de Enrique Peñalosa, algo que la defensa de Petro subrayó como la puerta libre para que la Contraloría declarara un detrimento patrimonial.

El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, admitió sin comentarios la posibilidad de que en el asesinato del director de la cárcel La Modelo, Élmer Fernádez, esté involucrado personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Fernández fue asesinado de un balazo en la cabeza hace una semana, cuando iba a su casa en el norte de Bogotá en una camioneta oficial sin blindaje, acompañado por su chofer.

Solo llevaba 40 días al frente de la cárcel, una de las más peligrosas de Colombia.

Al parecer, requisas sorpresivas en las celdas de algunos presos, pudieron llevar a Fernández a ser objeto de amenazas de muerte por jefes pandilleros presos.

Fernández era coronel retirado de la Policía y tenía experiencia en el manejo de prisiones.

Los hechos crearon gran conmoción, pues varios miembros del Inpec posteriormente denunciaron que se sienten desprotegidos.

Ante la situación de zozobra, el Ministerio de Justicia y las autoridades abrieron una investigación para esclarecer los hechos y este 23 de mayo en la mañana el ministro Néstor Osuna habló de cómo va el proceso. 

El ministro no dio muchos detalles, pero aseguró que: "el CTI de la Fiscalía y la Dijín han avanzado en varias hipótesis, unas han venido tomado fuerza, creo que pronto habrá esclarecimiento, capturas, y vamos a saber quiénes fueron los determinadores y los autores materiales del execrable delito".

Posteriormente, cuando se le preguntó si es posible que haya miembros del Inpec relacionados en el homicidio del coronel en retiro, agregó que es "posible", pero no dio más detalles. 

"Es una de las hipótesis, una hipótesis puede ir por allí", anotó Osuna.

Una amenaza, por escrito, la hizo Pedro Pluma, un criminal recluido en el patio cuatro.

“Si vuelve a meter requisa para el patio, le mato a la familia. Para que vean que yo si tengo poder y si me trasladan le mato a la familia", decía la amenaza que había llegado a manos de la Fiscalía.

Durante la posesión del canciller Luis Gilberto Murillo Urrutia, el presidente Gustavo Petro le dijo que su reemplazo en la embajada en Washington será el historiador y periodista Daniel García-Peña Jaramillo.

"Ese trabajo que usted desempeñaba lo va a asumir Daniel García Peña como nuevo embajador de Colombia ante los Estados Unidos, para llevar esta difícil tarea de una nueva agenda entre los Estados Unidos y toda la América, para lograr paz, tranquilidad y un avance real de la vida en el planeta", dijo Petro a Murillo.

García-Peña es historiador de Belmont Abbey College, se ha desempeñado como Comisionado de Paz durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano y ha sido docente en varias universidades, principalmente la Nacional.

Nadie mejor que el exmagistrado y profesor de la Universidad Nacional Rodrigo Uprimny Yepes para centrar la idea del presidente Gustavo Petro de activar el poder constitucional.

Uprimny lo afirma con seguridad: Petro no quiere cambiar la Constitución, como argumenta la oposición, solo ha sido “ambiguo en sus expresiones”, y eso ha generado confusión y despertado alarmas.

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo Bustos se quedó sin partido político.

La razón es la corrupción, pues mintió repetidamente cuando solicitó que a su partido En Marcha lo legalizaran

El Consejo de Estado declaró la nulidad de las resoluciones 1929, del 8 de marzo, y 5527, del 15 de diciembre, que reconocieron a En Marcha y ordenaron inscribirlo.

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