El médico vallecaucano Roy Leonardo Barreras Montealegre, embajador de Colombia ante el Reino Unido, dijo que este martes será su último día en el cargo.
Poco antes del anuncio, el veterano político y ahora diplomático, entregó su carta de dimisión a la canciller, Laura Camila Sarabia Torres.
Desde Soledad, Atlántico, el presidente Gustavo Petro consolidó uno de los puntos más importantes para la consulta popular, en defensa de la reforma laboral. Oficialmente fueron instalados los Comités Ciudadanos por el Sí a la Consulta Popular. Desde la ciudad caribeña, varios líderes comunitarios y sociales apoyaron el Sí absoluto a las 12 preguntas que el Gobierno del Cambio propone. Incluso, aseguraron que harán todo lo posible para que Soledad saque 200 mil votos favorables a este mecanismo de participación popular.
La finalidad que tienen los Comités Populares por el Sí, es crear espacios pedagógicos de diálogo, donde se convoque a la comunidad a hablar, conocer y debatir las 12 preguntas de la consulta, las cuales el presidente Petro presentará al Senado el próximo 1 de mayo.
La Corte Constitucional (CC) ordenó suspender los efectos de la decisión que determinó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede procesar al presidente de la República por violaciones a la norma sobre financiación de campañas políticas.
La Sala plena tomó la decisión, por cinco votos contra cuatro, durante el estudio de una acción de tutela que solicitó el presidente Gustavo Petro en febrero y que fue remitida para su revisión por el Consejo de Estado.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro dio a conocer las 12 preguntas que se formularán a los electores en la consulta popular que se convocará para reformas normas laborales básicas.
Aunque sectores políticos de oposición intentan, por todos los medios, bloquear la convocatoria de la consulta, Petro insiste en que los colombianos tendrán la oportunidad de decidir sobre las normas que los rigen como trabajadores, y sostiene que la consulta se efectuará.
La gigantesca corrupción desatada durante el gobierno de Iván Duque Márquez llegó a extremos como el de hacer desaparecer millares de documentos con los que se debieron respaldar contratos por 2,5 billones de pesos del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
La desaparición de esas pruebas la descubrió la Contraloría General de la Nación, al examinar con detenimiento miles de documentos que recogió en una inspección a la DPS en julio pasado.
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