El magistrado Leonel Rogeles Moreno, del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó encarcelar al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, 67,  por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según el juez, hay pruebas de que González gestionó pagos ilegales a los presidentes del Senado, Iván Leónidas Name Vásquez, y de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, para facilitar el trámite de algunas iniciativas del Ejecutivo.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) pidió al Consejo de Estado (CE) confirmar un fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá que anuló la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja.

Krasnov, profesor universitario de origen ruso, fue elegido alcalde pese a que, según el tribunal de Boyacá, estaba impedido, por contratado con una entidad pública un año antes de los comicios.

El presidente Gustavo Petro insiste en su búsqueda de la paz tota,  y para ello acude incluso a la suspensión indefinida de procesos de extradición como el de Willinton ‘Mocho Olmedo’ Henao Gutiérrez, comandante del sangriento Frente 33 de las disidencias de las Farc.

El diálogo del Gobierno con esta organización, establecida en la zona de Catatumbo, limítrofe con Venezuela, es uno de los más avanzados del proceso pacificador.

No son iguales el texto que proyectó el Gobierno del presidente Gustavo Petro para reformar las leyes laborales y el aprobado por el Congreso luego de la crisis política nacional que generó.

El articulado que salió de su último debate tiene puntos diferentes del que aprobó de la Cámara de Representantes y que era afín con el querer del Gobierno.

El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a seis años, un mes y 21 días de cárcel a Luis Eduardo ‘El Pastuso’ Rosero Díaz, personaje desconocido, pero clave, en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La condena es producto del preacuerdo de Rosero con la Fiscalía General de la nación (FGN), mediante el cual se comprometió a decir la verdad de lo ocurrido y a devolver al menos 7,722 millones de pesos del erario de los que se apropió de manera ilegal.

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