La gigantesca corrupción desatada durante el gobierno de Iván Duque Márquez llegó a extremos como el de hacer desaparecer millares de documentos con los que se debieron respaldar contratos por 2,5 billones de pesos del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

La desaparición de esas pruebas la descubrió la Contraloría General de la Nación, al examinar con detenimiento miles de documentos que recogió en una inspección a la DPS en julio pasado.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó a tres generales y otros 25 militares subalternos, entre oficiales y suboficiales, de al menos 600 crímenes de guerra, conocidos antes como falsos positivos.

Los acusados, todos retirados del Ejército, actuaron ilegalmente en la Costa Atlántica.

El abogado de Manizales Álvaro Echeverry Londoño fue elegido por apabullantes mayorías de 205 votos en el Congreso como nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), en reemplazo del muy cuestionado César Augusto Lorduy Maldonado.

A Echeverry lo han encasillado como muy cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero aun así recibió en el Congreso el apoyo de todas las bancadas, incluida la opositora del partido Cambio Radical (CR), que lidera Germán Vargas Lleras.

Las decisiones inesperadas del presidente Gustavo Petro siguen sorprendiendo al país, pero en especial a sus opositores, que no alcanzan a digerir un hecho cuando ocurre otro, que prácticamente los desarma ante la opinión.

Esta vez, para malestar de la oposición, hizo una jugada a varias bandas, que lo aleja de conceptos como el de antisemitismo, por un lado, y de apoyar a Palestina como víctima de la invasión de Israel.