Luego de dos años de su aprobación, la ley 2381 de 2024 está en su punto más cercano de tener el peso reformista que le imprimió en su momento el presidente Gustavo Petro, y que fue saboteada por el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibañez Najar. 

Pese al deseo retardatario del presidente de la Corte, la Sala Plena de esta corporación tuvo en sus manos una decisión histórica, que supo llevar adelante pese al amplio deseo de la extrema derecha por impedir una ambiciosa reforma al privativo modelo de las pensiones, que dejó en finales de siglo XX e inicios del XXI, al menos 3 millones de adultos mayores sin derecho a pensionarse, y que tuvieron que ser atendidos por la gestión de Petro a través del bono solidario.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en asocio con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) informaron la exhumación de 116 restos de posibles víctimas, 13 de ellos con interés forense por estar relacionados con casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’.

La exhumación se realizó en el cementerio Jardines Ecce Homo, en la ciudad de Valledupar. De acuerdo con la estimación de la JEP, entre las exhumaciones estarían asesinados y desaparecidos forzados de hace cerca de 20 años.

La relatoría indica que esta indagación se hace bajo el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, más específicamente con el caso del Batallón de Artillería No 12 ‘la Popa’. Los militares de esta compañía del Ejército son uno de los principales responsables de ejecuciones extrajudiciales en toda la costa caribe. Ya sancionados, varios de ellos reconocieron su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2005, bajo la jefatura y órdenes de Álvaro Uribe Vélez. 

La exhumación de los cuerpos se dio durante el 3 y el 14 de agosto de 2026. A este sitio de interés llegaron las entidades judiciales por solicitud de 14 familias de víctimas que se unieron a más grupos relacionados con actuaciones procesales de la Sala de Verdad y Reconocimiento.

De acuerdo con el informe técnico, solo se exhumó en 25% de la capacidad de la fosa, por lo que las entidades estimaron que podrían encontrarse más cadáveres en el transcurso de futuras diligencias.

Sobre resultados pasados, la JEP indica: “en junio de 2024, y en el marco de otra medida cautelar impartida por la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, se intervino la Fosa 9 del Jardín 8 de este camposanto. De aquella intervención en tierra se extrajeron 282 contenedores con estructuras óseas. De estas, la JEP determinó que 103 eran de interés forense, luego de un contraste de información en el laboratorio de campo desarrollado en la prospección por los forenses del GATEF. Además, en aquella prospección el equipo forense de la UIA de la JEP también encontró 5 cuerpos más en la bodega del cementerio”.

En esa operación, se pudieron recuperar los restos de Saulo José Posada Rada, un albañil asesinado en 2002 por la Fuerza Pública y presentado como baja en combate. En la actual intervención, las familias de Albeiro Flórez Hernández y Édgar Beltrán Hurtado, también asesinados por el Ejército, aguardan por hallar los restos de sus seres queridos.

“La Jurisdicción reitera su compromiso de darles a las víctimas una solución célere, con el fin de aliviar el dolor de décadas de incertidumbre e impunidad. A la fecha, gracias a las labores de la JEP, 2.137 cuerpos de personas dadas por desaparecidas han sido exhumados”, finalizó la JEP. 

Desde dos frentes, sumamente represivos y conservadores, comienza la campaña conservadora para restringir derechos y libertades intelectuales y educativas a las y los niños de todo el país. Al frente del ministerio de Educación, la fanática religiosa Viviane Aleyda Morales Hoyos, presentó al país los ideales con los que pretende revertir cualquier intento de cambio de pensamiento en las futuras generaciones.

Agarrada de una irrealista moral, una fe incipiente y unos principios rectores propios del siglo pasado, Morales moverá a su antojo todas las fichas necesarias para reestructurar los modelos educativos en Colombia, para que ‘los principios y valores tradicionales’ vuelvan. Ese, según ella, es la finalidad de la Patria Milagro.

“Una tarea importante de este gobierno es restaurar principios y valores, quitando la ideologización. Estamos revisando todos los materiales escolares para asegurarnos de que sean los padres los que cuiden la educación. Ha habido una campaña ‘woke’ que ha metido sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente en la educación sexual. Aquí nada que sea contrario a la edad de los educandos”.

El show disfrazado de política técnica y honesta sigue siendo la ley en la Patria Milagro. Volteando la vista de la necesidad imperiosa de que el Gobierno comience a actuar en pro de los afectados por el terremoto del 10 de agosto, el presidente de la República, junto con su círculo más cercano, presentaron el ‘Libro de la Verdad’.

El documento de 135 páginas, publicado el 7 de agosto de 2026, es un supuesto informe que presenta casos documentados de la corrupción dentro del Gobierno Petro. Nada más alejado de la realidad.

Al revisar a simple vista sus páginas, llenas de simbolismos y palabras más propias de la propaganda que de la investigación, el supuesto libro hace aguas desde el inicio, pues nunca presenta en realidad las evidencias, beneficiados, documentos o algún soporte que sustente las denuncias presentadas por el Gobierno.

Incluso, en la página 12 del texto, reconoce su impertinencia: “Las validaciones desarrolladas durante el empalme no constituyen auditoría ni investigación administrativa, sin perjuicio del traslado formal de hallazgos ante las autoridades competentes cuando corresponda”.

Investigación independiente revisó el documento y aseguró que el libro no es más que un compendio de secretos a voces, información plenamente divulgada por la opinión pública e investigaciones que ya han sido difundidas por informes de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General.

Es decir, el Gobierno no fue más que un ente bibliotecario y archivístico que recopiló de la hemeroteca varios casos de irregularidades presupuestales, los compiló en un documento propagandístico y los difundió a la Fiscalía, convenciendo a incautos del severo trabajo investigativo de los acérrimos seguidores de la Patria Milagro.

El presidente, vicepresidente y demás amigotes del ejecutivo, devolvieron a la Fiscalía un libro con sus propias indagaciones, muchas de ellas cerradas o inconclusas, sin aportar ningún análisis o evidencia diferente a la previamente recopilada.

Es tal el descaro y el afán de protagonismo, que incluso se evidencian supuestos hechos de corrupción, argumentados por políticos y senadores, sin ningún sustento jurídico o penal.

Al final de tan esperpéntico documento, incluso hay un apartado de proselitismo político, pues ahonda en las propuestas o juramentos rectores del Gobierno, con el fin de que quienes lean el archivo, caigan como adeptos Defensores de la Patria.

La extrema coherencia, pues, se cae otro día más por su propio peso, y el libro en sí, es buen reflejo de un Gobierno que día tras día, no hace más que profundizar su fosa de cuestionamientos e ineptitud operativa.