El Presidente Gustavo Petro sabe lo que muchos otros, que pero se niegan a admitirlo: el polémico barranquillero Armando Alberto Benedetti Villaneda es, por ahora, quizás el único político en capacidad de salvar las reformas que necesita el Gobierno del Cambio.
Para ello lo nombró ministro de Interior, como epílogo temporal de la tormenta que se desató a comienzos de enero, cuando un Consejo de Ministros terminó en rebelión de funcionarios y en la solicitud de Petro de que todos renunciaran, aunque fuera de manera protocolaria. Unos 25 lo hicieron…

Casi todos los ministros parecieron estar de acuerdo en que no aceptaban a Benedetti como jefe del gabinete ni a trabajar con él, aunque el presidente lo exigiera.

Con alcaldes como Jorge Enrique Acevedo Peñaloza no hay por qué preocuparse. Absilutamente de nada.

Ni siquiera en Cúcuta, la quinta ciudad del país, acorralada por la guerra subvsersiva y narcotraficante, bajo toque de queda y refugio de miles de personas bajadas de Catatumbo.

Para Acevedo, una situación dramática como esa es un simple retozo democrático.

En un hecho sin precedentes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó actos de tortura a 39 exmilitares, entre ellos a cuatro generales en retiro.

Además de desapariciones y homicidios presentados como bajas en combate, conocidos como falsos positivos, pero en realidad ejecuciones extrajudiciales, la JEP añadió tortura a los cargos contra los generales Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria.

El corrupto congresista Miguel Abraham Polo Polo deberá responder criminalmente ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el daño moral que ocasionó a Gustavo Bolívar Moreno, actual director general de Prosperidad Social, al calificarlo como el “político más despreciable” y responsabilizarlo falsamente de dos suicidios.

Bolívar lo denunció penalmente, y varios intentos de la CSJ para que las partes conciliaran, fracasaron, ante la intransigencia de ambas.