El Gobierno mexicano pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que, por el asalto armado a su embajada en Quito, castigue a Ecuador con suspensión de la Organizacio2n de Naciones Unidas (ONU).
La petición viene luego de que todos los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA), menos dos (El Salvador y, obvio, Ecuador) condenaron “de manera enérgica” el atropello ecuatoriano contra la misión mexicana y el secuestro del exvicepresidente Jorge Glass, refugiado allí.
Policías ecuatorianos enmascarados también golpearon al ministro Roberto Canseco Martínez, jefe de la Cancillería en la Misión en Ecuador, quien intentó evitar el secuestro de Glass.
En la querella, México exige "la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas en tanto no se emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional", señaló la canciller mexicana, Alicia Bárcena, en una conferencia.
También solicita "juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México" tras la irrupción de las fuerzas ecuatorianas a la Embajada mexicana el viernes pasado, lo que derivó en la suspensión de relaciones diplomáticas.
En la denuncia, el Gobierno de México acusa a Ecuador de violar la Convención de Viena por allanar la embajada y agredir a personal diplomático para llevarse por la fuerza al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2013-2017), resguardado en el recinto desde diciembre mientras afrontaba un proceso penal por corrupción.
"Hoy, al amparo del ordenamiento jurídico internacional y sirviéndonos de la ley, hemos decidido por instrucciones del señor presidente (Andrés Manuel López Obrador), llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada", declaró Bárcena.
La demanda de México también pide "establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva" de la ONU.
Asimismo, México busca "declarar que, en caso de una violación, de los principios de la Carta de las Naciones Unidas similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial adecuado para determinar la responsabilidad de un Estado".
"Es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros", establece.
La proclama de México, agregó Bárcena, "es que el sistema multilateral debe estar a la altura de la gravedad de los hechos", por lo que el Gobierno demanda "que la justicia internacional y el sistema internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y se evite un precedente de impunidad".
Mientras que López Obrador argumentó que lo "que se busca es que no se repita un hecho deleznable como el que sufrió, padeció México".
"Que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional, que no se violen los locales, las embajadas de los países, en ninguna nación”, señaló el mandatario.
López Obrador indicó que "pueden acompañar otros países de manera voluntaria esta denuncia" y se pueden "adherir para buscar la solidaridad internacional”.
“Porque es un asunto de todos, no nada más de México", apuntó el gobernante mexicano.
El presidente destacó la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobada el miércoles solo con el voto en contra de Ecuador y la abstención de El Salvador, que condena “enérgicamente” la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana.
Bárcena pidió en una reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se sumen a la demanda de México ante la CIJ.
“En esta circunstancia ha quedado de manifiesto que todos los países están apoyando a México y es también el momento para que México, como se está haciendo, encabece un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos y para hacer valer, reforzar el derecho internacional”, sostuvo hoy López Obrador.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la noche, en un operativo sin precedentes en la historia reciente, cuando, por orden del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, la Policía irrumpió en la Embajada mexicana para arrestar a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa procesado por corrupción y quien había pedido asilo político a México.
Tras ese episodio, el presidente López Obrador, rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, que justifica sus acciones acusando a México de haber vulnerado los tratados internacionales de asilo al refugiar a una persona procesada por corrupción.
Las imágenes de las cámaras de seguridad, que fueron proyectadas en la sesión de la OEA, muestran cómo los policías apuntaron con armas y sometieron en el suelo a Roberto Canseco, encargado de la misión diplomática, mientras se llevaban a Glas.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador recogió la votación de condena en el seno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la irrupción a la fuerza en la sede diplomática el pasado viernes, pero aseguró que ese fallo reconoce las posiciones de los dos países.
Ecuador, que fue el único país que votó en contra de la resolución, ha acusado a México de una presunta "concesión ilícita de asilo diplomático" a Glas por estar procesado por la Justicia por delitos comunes y tener dos sentencias de cárcel pendientes de cumplir por casos de corrupción.
Los hechos reflejan un escalamiento del conflicto entre México y Ecuador tras el allanamiento de la sede diplomática mexicana en Quito.
La secretaria mexicana de Relaciones Exteriores también advirtió de que han suspendido las negociaciones del tratado de libre comercio con Ecuador, que buscaba el acuerdo para ingresar a la Alianza del Pacífico, el bloque comercial que también integran Colombia, Chile y Perú.
"Nosotros sí hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador, en el sentido que estábamos negociando un tratado de libre comercio y esas conversaciones se han suspendido", manifestó Bárcena.
En paralelo, el Gobierno mexicano analiza presentar una denuncia penal en Ecuador por el allanamiento de las autoridades ecuatorianas a su Embajada en Quito, según reveló Bárcena.
"Hemos iniciado, todavía no hemos concluido el análisis, la posibilidad incluso de una acusación de tipo penal, en el sentido que la violación fue de tal magnitud, por un lado al inmueble, sin duda, pero también a las personas, y creo que esto es un tema que sí se debe explorar y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, declaró Bárcena en la conferencia matutina del Gobierno.
La acusación penal se basaría en las imágenes que presentó el martes el Gobierno de México grabadas por cámaras dentro de la embajada, donde el viernes pasado la Policía saltó la barda, entró por la fuerza, apuntó con una pistola al jefe de Cancillería, Roberto Canseco, y sometió a personal diplomático en la calle.
Esta denuncia sería diferente a la demanda que presentó este jueves México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Aunque el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la orden de asaltar la Embajada vino de forma directa del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, la canciller comentó que "la población de Ecuador, su propio pueblo, tendrá que definir cuál es el futuro político de Noboa internamente".
"¿Qué consecuencias puede traer esto? Varias, en primer lugar el rechazo flagrante de todos los países, prácticamente de la comunidad internacional, no ha habido un solo país que se haya pronunciado en contra de lo que México está acusando", expresó la secretaria.
