El sangriento despliegue militar para poner fin a la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 no fue contra el M-19 sino contra el aparato de Justicia, considerado enemigo por las Fuerzas Armadas.

Así lo reveló el exagente de Inteligencia José Dorado García, entrevistado por Helena Uran Bidegain, hija del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, ejecutado por militares el 7 de noviembre.

La fiscal Angélica María Monsalve Gaviria dijo que el exfiscal general Francisco Barbosa compró el ilegal software espía Pegasus y quiso darle apariencia legal mediante la actualización de sistemas de interceptación de la Fiscalía General de la Nación (FGN).

Además, sugirió que Pegasus es operado desde una oficina del hotel Tryp, en la Avenida Esperanza, al frente de la sede de la FGN.

La maniobra, dijo, costó 18 millones de dólares (70 000 millones de pesos) y fue contratada con la empresa Elbit System Ltd, al parecer a través de la Embajada de Israel.

El Estado le advirtió al grupo armado conocido como disidencias de las Farc, que pretende apoderarse del Cauca, de que allí no caben ambos.

La advertencia provino del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, quien les dijo en el corregimiento El Plateado a Néstor Gregorio ‘Iván Mordisco’ Vera Fernández y los guerrilleros que dirige: "Aquí estamos y no cabemos los dos”.

El presidente Gustavo Petro advirtió a los colombianos de que este martes comenzó el golpe de Estado blando contra él y su gobierno, con la decisión ilegal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigarlo a él por una supuesta violación de los topes financieros de su campaña electoral.

En una breve alocución, Petro reforzó su postura sobre el golpe blando, y desde Antioquia convocó a la movilización del pueblo para defender su legitimidad.

El presidente Gustavo Petro concretó el Acuerdo Mínimo Nacional que propuso hace algunos meses, y les pidió a los colombianos discutirlo sin incluir como temas la reelección presidencial y el respeto absoluto a las reglas electorales.

La propuesta está contenida en un documento que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, elaboró durante algunas semanas y que entregará a los partidos políticos y organizaciones sociales para su discusión y aprobación.

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