El presidente Gustavo Petro madrugó este viernes a declarar que, por crímenes de guerra cometidos horas antes en zonas Catatumbo por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), suspende los diálogos de paz que su Gobierno adelantaba con esa organización sediciosa.

“No tienen ninguna voluntad de paz”, argumentó Petro en sus cuentas de las redes sociales, como reacción a una inusitada oleada violenta desatada por el ELN en la franja limítrofe nororiental con Venezuela.

Una semana después de la reanudación en la búsqueda de víctimas en La Escombrera, Medellín, se hicieron nuevos hallazgos.

En esta zona, cercana a la Comuna 13, se enterraron al menos 500 cuerpos, que datan del 2002, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Las víctimas pertenecen al inmenso grupo de ejecuciones extrajudiciales, resultado de la política de Seguridad Democrática, ordenada por Uribe y acatada por la entonces ministra de defensa, Marta Lucía Ramírez.

La gran mayoría de estos restos yacen bajo toneladas de escombros, lo que hace una odisea su búsqueda. 

Hasta la fecha, hay al menos cinco cuerpos en Medicina Legal, esperando a ser identificados.

Este es un trabajo conjunto entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBDP). 

El 13 de enero, se informó de la recuperación de nuevas estructuras óseas y de prendas de vestir. No es posible conocer cuántos cuerpos se recuperaron, pero la entrega de múltiples grupos de restos a las autoridades de identificación, presume que son varios.

El próximo martes 21 de enero, la JEP, con su Sistema Integral de Paz, dará el primer informe de avances. Allí, mostrará el balance y estadísticas hasta el momento, respetando siempre los acuerdos con las familias y la memoria de las víctimas.

 

El papel de las madres buscadoras ha sido fundamental. Ellas, han insistido durante más de 20 años que sus seres queridos reposaban en La Escombrera. Esto, a pesar de las negativas continuas del gobierno uribista y de la alcaldía local, ahora encabezada por el político de extrema derecha Federico ‘Fico’ Gutiérrez.

Hasta el momento, las madres buscadoras esperan que los resultados de las pruebas de reconocimiento arrojen un dato que permita identificar los restos y que coincida con los cientos de desaparecidos.

Según María Victoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, las pruebas de ADN podrían tardar hasta tres meses. 

Pese a que se han retirado 40 mil metros cúbicos de terreno, La Escombrera posee una extensión de 6912 metros cuadrados. 

Día a día, continúa la búsqueda de víctimas de la Operación Orión. El compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro, la JEP y la UBPD, mantiene aterrado al uribismo que, con acciones cobardes de distracción, trata de evitar que los crímenes de su gobierno salgan a la luz.

Medellín

Por fin, alguien en el Estado admitió que tenían razón las madres de Medellín que insistían en que La Escombrera, un lugar para tirar basuras, están enterrados centenares de cadáveres de sus hijos asesinados por fuerzas del Estado o aliadas con este.

Quien aceptó que eran ciertas las denuncias es el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Gustavo Adolfo Salazar, al referirse al descubrimiento de restos humanos en excavaciones en La Escombrera.

Le toca al pueblo salir a ejercer su enorme poder y a defender su soberanía y su Gobierno.

Esa es la invitación lógica del presidente Gustavo Petro, ante el golpe de Estado blando que adelantan principalmente los malditos miembros del Senado de la República y del Consejo de Estado, entre otras instancias de poder político.

La  extrema derecha continuó negando toda iniciativa del Gobierno en favor del pueblo, y los senadores del Centro Democrático (CD), de Álvaro Uribe, y de Cambio Radical (CR), de Germán Vargas Lleras, abandonaron el recinto del Senado cuando se votó la reforma política, que fue descartada por segunda vez.

La falta de cuórum para decidir hundió una idea de la alianza Pacto Histórico (soporte del presidente Gustavo Petro), que viene desde 2022, y que buscaba la financiación estatal al ciento por ciento de las campañas políticas y gestionar normas para que otorgar y negar personerías jurídicas.

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