Para el director de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Luis Alberto Higuera Malaver, la transformación de la ruralidad de Colombia necesita que “este modelo de Gobierno suceda cuatro años más y cuatro años más y cuatro años más…”

Higuera habló en una rueda de prensa para informar de los logros de la ADR en los dos primeros años de Gobierno, durante la cual defendió con énfasis el papel político y revolucionario que cumple la entidad a su cargo.

El presidente Gustavo Petro dijo que su gobierno ha cumplido con sus promesas de campaña, y planteó al Congreso un pacto político que permita superar el statu quo, “que nos hizo la sociedad más desigual del planeta”.

Ese pacto, señaló, deberá producir las normas necesarias para lograr el desarrollo de la industria, como se está logrando con el sector rural, y con la revitalización del sistema de salud, gracias a la reactivación de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

“Concentrémonos en hacer los cambios, no los anticambios”, le propuso al Congreso.

Fue de Iván a Iván.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, les anunció a ‘Iván Mordisco’ (o Néstor Gregorio Vera Fernández) y a Colombia, que, con al menos 24 estructuras guerrilleras disidentes, en adelante solo habrá guerra. Como hasta ahora.

El 16 de julio llegó, y contra toda esperanza y ante las evasivas y contradicciones guerrilleras de ‘Iván Mordisco’ y su gente, la única decisión posible para el Gobierno de Gustavo Petro fue levantar el cese el fuego que mantenía con el mayor grupo disidente de las extintas Farc.

En Colombia, hay medios de comunicación que se extrañan de que un presidente como Gustavo Petro hable “de todo” ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Suponen que allí solo se discuten asuntos de guerra y paz.

Como si la guerra y la paz no fueran consecuencia directa y casi que exclusiva de la situación social de los pueblos.

Por eso, Petro habló de muchos aspectos de Colombia.

Muy posiblemente, este jueves 11, el presidente Gustavo Petro será protagonista de una paradoja: se quejará de que el Estado que representa y que administra no quiere cumplir los compromisos internacionales del Acuerdo de Paz con las extintas Farc.

Hablará ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la presentación del informe trimestral obligatorio de la Misión de Verificación de cumplimiento del Acuerdo.

Si no lo han convencido de lo contrario, Petro hará efectivas sus palabras de mayo a un diario colombiano: “Cada tres meses hay que ir (a la ONU). Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. No puedo decir mentiras".

Hasta ahora, al presidente le han insistido en que, mejor, se centre en hablar de los retos en términos de implementación del Acuerdo, pero no lo han convencido.

Coincide con el gestor de la idea, el excanciller Álvaro Leyva, en que hablando como pretende, dejará constancia internacional de la necesidad de cumplir los compromisos firmados en 2016, y de impulsar herramientas para convocar una asamblea constituyente.

Ates del viaje a Nueva York, Petro se reunirá con las cabezas del Partido Comunes, para conocer parte del contenido que se incluirá en la declaración. Se espera, que ellos también manifiesten su descontento por la crítica situación de seguridad que viven los firmantes de paz.

Solo en 2024, 15 firmantes han sido asesinados. Si bien hay una disminución, la seguridad de desmovilizados sigue siendo precaria. Desde la firma del acuerdo van 421 homicidios.

Si se mantiene en su postura, Petro hablará de otros asuntos derivados del Acuerdo, como la reforma agraria. Su Gobierno aspira a comprar 1,5 millones de hectáreas, pero solo ha materializado 100 768.

También, de la sustitución de cultivos de uso ilícito, que, según la ONU, han crecido 13 por ciento.

Sin embargo, quizás ponga el énfasis en el hecho de que las reformas sociales derivadas del Acuerdo han fracasado en el Congreso, por razón de la oposición.

Desde luego, un punto central de la intervención tendrá que ver con la seguridad de los guerrilleros que firmaron el Acuerdo de Paz, y que están siendo asesinados por diversos actores, entre ellos, guerrilleros que traicionaron el acuerdo, regresaron a las armas, y persiguen a muerte a los firmantes.

Hoy, a casi dos años de su llegada a la Casa de Nariño, el escenario sigue siendo complejo. 

De acuerdo con datos del Informe Trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, durante 2023 se reportaron 47 casos, cuatro menos que en 2022, cuando hubo 51 homicidios.

En este 2024, la cifra asciende a 15 casos, uno menos que el dato reportado por organizaciones no gubernamentales como Indepaz.

El total de casos reportados por la Misión de Verificación de la ONU desde la firma del acuerdo es de 421, siendo el año 2019 el de más asesinatos (80).

Si bien durante esta administración se ha evidenciado una disminución en el número de homicidios, para Federico Montes, integrante de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), esto no es suficiente y la meta debería ser llegar a cero homicidios.

“La situación de seguridad no ha cambiado, se ha mitigado en algunos casos en relación a como se venía dando hace un par de años, en el gobierno anterior, pero desafortunadamente se siguen presentando muchas dificultades. Estas no solo se hacen evidentes con los asesinatos, sino en el desplazamiento de la población firmante”, dijo Montes a El Tiempo.

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