El Gobierno del Presidente Gustavo Petro decidió iniciar un diálogo con delincuentes comunes, en busca de fijar los términos de sometimiento a la ley de los miembros del llamado Clan del Golfo.

Así lo concretó en la resolución 257 de 2024, que habla de instalar “un espacio de conversación sociojurídica con el Clan, la organización armada más grande del país, dirigida por Jobanis de Jesús ‘Chiquito Malo’ Ávila Villadiego.

El propio ‘Chiquito Malo’, cuya organización es también conocida como Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), participará en las conversaciones.

Los negociadores del Gobierno estarán coordinados por Álvaro Jiménez Millán.

El Clan del Golfo es una estructura armada organizada de crimen de alto impacto, por tanto, no goza con el estatus político de otras organizaciones como el Eln y las disidencias de las Farc.

"El Espacio de Conversación Sociojurídico estará dirigido a verificar la voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la Ley", dice la resolución.

El Gobierno reconoció a seis miembros de ese grupo armado como voceros en el espacio. ‘Chiquito Malo’, quien heredó la organización del extraditado Dairo Antonio ‘Otoniel’ Úsuga, está pedido en extradición por Estados Unidos, que, además, ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita capturarlo.

Además de ‘Chiquito Malo’, figuran Orozman Orlando ‘Flechas’ Osten Blanco,  José Gonzalo ‘Gonzalito’ Sánchez, Elkin Casarrunio ‘El Cura’ Posada, José Miquel ´Chbirimoya’ Demoya Hernández y Luis Armando Pérez Castañeda, quien funge como jefe político y es el encargado de direccionar la propuesta de acercamiento con el Gobierno.

El documento indica que una vez el consejero comisionado de paz Otty Patiño constate que los miembros de esa organización den "muestras objetivas de su compromiso con el desmantelamiento", se procederá a solicitar la suspensión de sus órdenes de captura.