Un mensaje de la Fiscalía General de la Nación al Tribunal Superior de Cundinamarca, sugiriendo que agilice un pedido de nulidad del proceso criminal que tiene a Álvaro Uribe Vélez en la butaca de los reos, hizo pensar en la posibilidad de que, con la prescripción, el político sea declarado libre de cargos.

La posibilidad se hizo más clara con la respuesta del magistrado Manuel Antonio Merchán, a quien le correspondió la apelación de la defensa de Uribe.

El proceso se resolverá conforme a los turnos que maneja su despacho, respondió el juez a la petición de la fiscalía de darle prioridad al estudio de la nulidad, para evitar que venzan los términos y todo termine.

El fiscal que lleva el caso, Gilberto Villarreal, acusó a Uribe, y con él a su abogado Diego Cadena, de haber sido el "determinador del concurso homogéneo sucesivo de tres delitos de soborno en actuación penal".

Para Villarreal, esto implica que por "provecho suyo o de un tercero entregue o prometa una utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga a concurrir a declarar o para que falta a la verdad total o parcialmente".

Hace algunos días, la fiscalía solicitó al tribunal que debido a que el expediente prescribe en un año (el 8 de octubre de 2025), le dé prioridad a la nulidad que planteó la defensa del exjefe de Estado en relación a la imputación por tres delitos.

La idea de enviarle el oficio al togado fue de la fiscal Marlenne Orjuela, quien el 8 de agosto envió un correo indicando que “se estudie la posibilidad de dar prioridad a la decisión del recurso de apelación, interpuesto por la defensa, que fuera sustentado el día 10 de julio del presente año”.

Las objeciones del abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, tienen que ver con la forma en la que la Fiscalía imputó a su cliente, variándole supuestamente algunos elementos del caso.

Ante la observación de Granados, en una primera ocasión, la juez Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, se negó a conceder la nulidad, lo que llevó a que la defensa del acusado presentara una queja ante su superior: el Tribunal de Bogotá.

Este caso contra Uribe tiene que ver con que supuestamente en 2018 envió a su abogado Diego Cadena a cárceles del país con el fin de conseguir testimonios de exparamilitares que declararan a su favor y en cambio dejaran mal parado al senador Iván Cepeda, quien había denunciado años atrás supuestos nexos del exjefe de Estado con el paramilitarismo.

Por esos hechos, Cadena está en juicio, ya que hay varios audios en los que habla con Uribe de lo que iba obteniendo en las visitas.

Para los procesados no hay delito alguno, y desde entonces han insistido en su inocencia diciendo que ofrecieron ayudas a presos a cambio de que contaran la verdad, pero no intentando torcer sus versiones.

En el listado de visitados en prisión están el condenado Juan Guillermo Monsalve y el exparamilitar Carlos Enrique ‘Víctor’ Vélez.

En 2018, la Corte Suprema decidió investigar a Uribe, quien en 2019 alcanzó a rendir un interrogatorio de ocho horas ante el magistrado César Reyes, de la Sala de Instrucción.

Tiempo después renunció al Congreso y con ello su caso pasó a la Fiscalía, que en varias ocasiones pidió la preclusión del proceso a favor de Uribe, pero que con el fiscal Gilberto Villarreal decidió presentar el escrito de acusación.

La preparatoria de juicio no ha podido empezar debido a la queja que elevó Granados, la cual resolverá el magistrado Merchán.