El exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios Palacios fue condenado a cadena perpetua por una corte federal de Estados Unidos en Miami, que lo juzgó como participante en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio de 2021.

Palacios huyó de Haití y fue capturado en Panamá en enero de 2022. Luego fue llevado a Estados Unidos, que lo solicitaba por cargos de homicidio.

El juez penal de origen colombiano Juan Manuel Merchán definirá la suerte del expresidente estadounidense Donal Trump, y en mucho, la del mundo, cuando el 25 de marzo lo someta a juicio por supuestos pagos irregulares a la pornoactriz Storny Daniels.

Será la primera vez en que un presidente de Estados Unidos responderá ante la justicia penal de su país, y la primera que alguien de origen colombiano define tantas cosas, como si envía a la cárcel a un personaje tan poderoso como Trump.

Definitivamente, Francisco Barbosa necesita con urgencia que un profesional lo revise: tiene problemas mentales y no lo sabe.

Convencido de que jamás cumplirá su sueño optimista de ser presidente de Colombia, dedica ahora el tiempo oficial a contar chistes y mentiras.

Tambien, a presentar en Estados Unidos a Martha Mancera como su sucesora y heredera.

Esta vez, en Ecuador, no es el presidente, como en el caso de Álvaro Uribe, en Colombia.

Es la Asamblea Nacional (Congreso) la que puede estar permitiendo que las fuerzas de seguridad cometan crímenes de Estado a cambio de indulto.

Esta sería una de las consecuencias del escenario negativo surgido de la declaración del estado de emergencia y de un supuesto conflicto armado interno, según Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch para Latinoamérica.

Nos preocupa enormemente que la Asamblea haya ofrecido otorgarles indultos o amnistías a los miembros de las fuerzas de seguridad que cometan abusos. Para enfrentar el crimen organizado, hay que fortalecer el profesionalismo de las fuerzas de seguridad. Estas decisiones, que parecen ser bastante improvisadas, hacen exactamente lo contrario y pueden poner en riesgo a la ciudadanía” (Juan Pappier, Human Rights Watch).

El decreto del presidente Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, que declara el conflicto armado interno, tiene errores y no justifica adecuadamente la decisión, advirtió Pappier.

En el decreto, Noboa le ordena al Ejército salir a las calles a controlar el caos generado por la fuga de los líderes de dos pandillas rivales, Los Choneros y Los Lobos, respaldados respectivamente por los narcocarteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Para el Pappier, Ecuador necesita fortalecer su capacidad judicial para desmantelar a estas organizaciones de crimen organizado, enfrentando el lavado de dinero y la corrupción que permiten que estos grupos operen impunemente en el país.

Según Pappier, “para enfrentar el crimen organizado lo que se necesita no son soldados, sino fiscales”.

Mientras tanto, es poco lo avanzado en el control de la violencia, que deja al menos 16 muertos, y numerosos incendios, y caos en las calles de Quito y Guayaquil, las dos principales ciudades. Siete cárceles permanecían este sábado en manos de los reclusos, y decenas y guardianes secuestrados.

Desde el domingo, ha habido ataques armados en las calles, la toma de un canal de televisión mientras transmitía un noticiario, retención de casi un centenar de  guardias penitenciarios y enfrentamiento con soldados hacen parte del panorama que viven Ecuador.

Ecuador dijo que excarcelaría a unos 1,500 colombianos y los dejaría en la frontera binacional… “y que se queden por allá”, según palabras del presidente Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín.

Pero, desde Bogotá, el Gobierno colombiano dijo que la repatriación depende de cada recluso, no de los gobiernos.

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