El exsenador conservador Álvaro Antonio Ashton Giraldo, 70, investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por vínculos con el paramilitarismo y por el llamado Cartel de la Toga, echó al agua a sus cómplices, entre ellos el corrupto expresidente del Congreso, precandidato conservador y presidente de su partido, Efraín José Cepeda Sarabia, 75, que por todos los medios ha pretendido generar una falsa imagen de pulcritud y honradez.

Ashton admitió que cometió delitos con dineros del Estado em favor de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que lo hizo en compañía de Cepeda y de industriales, políticos y contratistas de la Costa Atlántica.

Entre los vinculados por Ashton figura el actual ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti Villaneda, 58.

En su comparecencia ante la JEP, Ashton reconstruyó un entramado de poder entre los años 2000 y 2010, los peores años de la actividad paramilitar en la Costa Caribe.

Ashton habló ante la JEP en febrero pasado, pero el organismo recién las divulgó, con ocasión de informes sobre las acusaciones enviados a la Corte Suprema de Justicia, pues algunos de los acusados solo pueden ser juzgados por ese tribunal.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidió mantener a Ashton bajo el régimen de sometimiento al considerar que sus aportes son sustanciales para la verdad histórica y judicial.

Según Ashton, el Frente José Pablo Díaz, del Bloque Norte de las AUC, se convirtió en un actor político más en la Costa Caribe, con influencia sobre contratos, presupuestos nacionales y elecciones locales.

Dijo que detrás de la fachada institucional de los partidos políticos se tejió una alianza silenciosa que permitió a los paramilitares financiar campañas, imponer candidatos y controlar el uso de los recursos públicos.

“Todos los partidos que se organizaron a raíz de la reforma constitucional de 2003 eran justamente para ir orientando el propósito fundamental de las autodefensas, que era el de la refundación del país, mediante la toma del poder por arriba”, dijo Ashton.

El excongresista aseguró que varios líderes conservadores y liberales participaron en ese engranaje.

Reveló acuerdos electorales, reparto de presupuestos nacionales y respaldo legislativo a iniciativas que favorecían los intereses de las autodefensas.

Entre los mencionados aparecen nombres tradicionales de la política costeña, así como empresarios con peso en la contratación pública, tales como Cepeda, Benedetti, David Char Navas (50, Cambio Radical), Jorge Alberto Gerlein Echavarría (Partido Conservador, fallecido), Guillermo Hoenigsberg Bornacelli (51, exalcalde de Barranquilla), y Trino Luna Correa (65, exgobernador de Magdalena).

De los acusados, dijo Ashton:

Efraín Cepeda Sarabia: Habría tenido contactos y entendimientos políticos con sectores ligados a los paramilitares en Atlántico, según Ashton.

Armando Benedetti Villaneda: Promovió en el Congreso artículos de la Ley de Justicia y Paz que favorecían a las AUC.

David Char Navas: Presuntamente recibió apoyo económico y electoral de grupos vinculados al Bloque Norte.

Mario Varón Olarte, Jaime Cervantes, Jorge Gerlein y otros senadores: Supuestamente participaron en gestiones presupuestales que terminaron beneficiando a proyectos impulsados por los paramilitares.

David Name Terán (empresario, dueño de Condesa): Señalado de participar en acuerdos políticos con las AUC.

Trino Luna Correa: También implicado en pactos políticos con los paramilitares.

Neyla Soto Ruiz, “La Sombrerona”: Mencionada como parte de esos acuerdos en el Magdalena.

Rosa Stella Ibáñez (exalcaldesa de Soledad): Relacionada con desvíos de recursos que habrían favorecido a las autodefensas.

Alfredo Noya Zabaleta (exsecretario de Educación de Soledad): Asociado al mismo caso de desvío de fondos.

Álvaro Araujo Castro y Tarquino Pacheco Camargo: Mencionados por su papel en alianzas políticas afines al paramilitarismo.

Óscar Darío Pérez, Óscar Arboleda y Jorge de Jesús Castro: Identificados por Ashton como promotores de la reforma política de 2003, que según él fortaleció la influencia de las AUC.

Empresario Juan García Estrada (alcalde encargado de Barranquilla): Involucrado en vínculos administrativos con paramilitares.

Roberto Castillejo (asesor de Cormagdalena): Llamado “asesor de las AUC en temas ambientales”.

Julio Gerlein Echeverría, Edgardo Navarro, Edgardo Osorio y Javier Haddad: Mencionados como financiadores o aliados económicos del Bloque Norte.

Miembros de la logia masónica de Barranquilla: Según Ashton, la organización fue usada como punto de encuentro entre empresarios, políticos y emisarios del paramilitarismo.

Jesús Orlando Barón (mayor del Gaula Militar): Citado como ejemplo de la infiltración de las AUC en organismos de seguridad.

El relato del exsenador también toca las instituciones públicas. Ashton advirtió que las redes paramilitares extendieron su poder hacia la Universidad del Atlántico, el Hospital Materno Infantil de Soledad y la empresa de servicios Triple A. A través de contratos y nombramientos, explicó, las AUC buscaban legitimación social y control territorial, utilizando los recursos de la educación y la salud para consolidar su influencia política.

“Hoy (…) la Universidad del Atlántico está padeciendo esas consecuencias gravísimas que generó la complicidad que tuvimos con esas organizaciones al margen de la ley”, dijo Ashton.

En una parte clave de su declaración, Ashton reconoció su responsabilidad política y moral: "Contribuí a la expansión y consolidación de esos grupos al margen de la ley", y pidió perdóna los barranquilleros.

La JEP consideró que sus aportes son novedosos y verificables, por lo que decidió mantener su sometimiento y, al mismo tiempo, remitir copias de sus declaraciones a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, para que determinen si hay lugar a nuevas investigaciones penales.

La oposición política quedó con las ganas de frenar la aspiración del Pacto Histórico (PH) de seleccionar su candidato presidencial en una consulta oficial el 26 de octubre.

La Registraduría Nacional del Estado Civil (Rnec) confirmó que sí habrá consulta para elegir tanto a los candidatos a las corporaciones públicas como al candidato presidencial de los partidos que forman la coalición de gobierno.

Una jueza de Medellín pidió a la Fiscalía General de la Nación (FGN) investigar al exsenador Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago, como supuestos determinadores de los asesinatos del abogado Jesús María Valle Jaramillo y el catedrático Jorge Eduardo Umaña Mendoza.

La petición se desprende del envío a la FGN de copias de un proceso criminal que adelanta la jueza tercera penal del circuito especializado de Medellín, Claudia Castro, que incluye, además, a un general que, en el expediente, se conoce solo como Ospina, según publica el semanario Cambio Colombia.

El Pacto Histórico (PH) fracasó en su intento por frenar la aspiración presidencial del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, 45, y lo postuló como eventual reemplazo del presidente Gustavo Petro, junto al senador Iván Cepeda Castro, 62, y a la exministra de Salud Diana Carolina Corcho Mejía, 42.

Otros aspirantes, a saber, Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, María José Pizarro, Alí Bantú Ashanti, Gloria Inés Ramírez y Gloria Flórez, desistieron, en aras de la unidad del partido.