Fiel a su vieja tradición conservadora, la jerarquía de la iglesia Católica dijo que se opone a la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro, porque considera que “nos empuja al abismo del autoritarismo”.
Así se expresó el cardenal Luis José Aparicio Rueda, máximo representante de los jerarcas católicos, en entrevista con el periodista Yamid Amat, que publicó este domingo el diario El Tiempo.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se reunirá en mayo con China, en conferencia del más alto nivel, en busca de acuerdos económicos y políticos.
El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro, al asumir en Honduras el liderazgo de la organización, en la que participan 33 países continentales e insulares del Caribe.
Pese a la suspensión de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Bogotá se reanuda un nuevo esfuerzo por convocar a la retoma de conversaciones con la insurgencia, en el Congreso por la paz, un espacio liderado por la Delegación de paz del Gobierno.
Según Vera Grabe, jefa de la Delegación, el sentido de este congreso no es otro que dejar claro que "la mesa de diálogos con el ELN está suspendida, pero no nuestros esfuerzos de paz. No queremos estar inactivos a la espera de que el ELN se decida a dar una clara muestra de diálogo".
Por ello, se tomó la decisión de convocar este espacio, para propiciar un espacio de escucha y movilización, con miras a que la sociedad civil tenga un rol activo y no solo que solo espere "a ver si los armados quieren la paz".
Hacia un movimiento nacional por la paz
Por su parte, el senador Iván Cepeda, fue enfático en señalar que esta reunión "es una respuesta a quienes nos invitan a tirar la toalla y a renunciar al diálogo", y dijo que hoy "más que nunca, nos reafirmamos en la vigencia de la búsqueda del diálogo, de la necesidad de reactivar el proceso con el ELN, de buscar que a través de las iniciativas humanitarias cese la violencia".
Así mismo, dijo que el encuentro versará sobre tres asuntos fundamentales: la vigencia de la paz, la acción por la paz y la creación de un movimiento nacional por la paz.
En relación con el primer aspecto, declaró que la continuidad del conflicto armado requiere una salida política, toda vez que la paz es un asunto político, y no exclusivamente jurídica o militar.
Así mismo, instó a lograr que el diálogo sea eficaz, y no un escenario que se prolongue en ciclos durante décadas.
Sobre la acción por la paz, dijo que se prevé "salir de aquí a tomar las calles del país y a una gran movilización nacional, para exigir a todos los armados, oficiales, y también a los grupos armados a que paren ya la violencia en todas sus formas".
Al final, dijo que esta reunión busca confluir en un movimiento nacional por la paz, pues "es hora de que surja", pero con un plan y un cronograma que conduzca a resultados reales que permitan proteger a la población civil.
De nuevo, la revictimización afecta a los inocentes. En este caso, a las familias que buscan a sus parientes en La Escombrera, el basural de la Comuna 134 de Medellín donde, según muchos testimonios, pudieron ser sepultadas unas 50 personas asesinadas por organismos del Estado en alianza con grupos paramilitares a comienzos de este siglo.
El dinero para financiar la búsqueda se acabó, y desde el 1 de abril quedó suspendida toda labor de excavación en el lugar, símbolo de la violencia desatada por el Estado en Medellín durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
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