Los defensores del gobierno anterior se esfuerzan por negar lo que en Israel está demostrado: que en 2021, Colombia sí adquirió a ese país el software espía Pegasus para usarlo sin orden judicial contra opositores y otras personas de interés.
Entre estas últimas figuran magistrados de las altas cortes, funcionarios del propio gobierno, periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos y líderes juveniles.
El galardonado periodista Gur Meggido, del diario Haaretz, quien investigó y denunció el negocio ilegal entre funcionarios y policías colombianos y la empresa israelí NSO, diseñadora y propietaria de Pegasus, reiteró que todo lo que publicó en marzo es cierto.
Meggido dialogó con la radio W y se reafirmó en su investigación: “No tengo nada que agregar o cambiar a este reporte, me sostengo en todo lo que publiqué en marzo y no tengo duda de que todo es cierto. Lo clave es el pago de 13 millones de dólares por el gobierno de Colombia a cambio de este software”, dijo.
“El pago fue en efectivo, entonces puede ocultarse de donde vino, eso sí, no sé si hubo un tercero además de un acuerdo entre gobiernos (…) Me llamó la atención que el gobierno israelí estaba muy emocionado con este negocio”, recalcó Meggido.
Según la investigación del periodista, el dinero fue transportado en un jet, sin embargo, no se sabe con exactitud si se trató de un vehículo oficial del gobierno colombiano o no, pues las fuentes confirman que era un jet pequeño y poco sofisticado.
“No se puede negar que hubo negocio entre Colombia y Pegasus”, reafirmó Meggido, y dijo que su investigación se enfocó en el funcionario del Ministerio de Defensa israelí Yahir Kulas, jefe del departamento de asistencia a las exportaciones, quien sigue en el gobierno de Benjamín Netanyahu, pese a sus sospechosas transacciones.
“Es muy difícil negar que se hizo este negocio entre el Gobierno de Colombia y Pegasus, porque la compañía no lo negó y ya hay una autorización por parte del Ministerio de Defensa de Israel sobre la compra de este software. La conclusión de esta investigación no puede ser que no se compró, porque ya hay pruebas”, afirmó.
Según la denuncia del periodista, “las ventas de NSO fueron aprobadas por el Ministerio de Defensa de Israel, que también apoyó activamente a la empresa en algunos casos”.
Meggido es un periodista muy serio. Hace dos años, ganó el Premio Avnery, creado en Israel para reconocer un proyecto, artículo y/o serie periodística valiente creada en el espíritu de la ética periodística.
El premio tiene como objetivo fomentar un periodismo innovador, serio, profundo y resonante que llegue al corazón del discurso público, así como un periodismo de investigación que no se abstenga de ir en contra de la opinión actual y popular, en el espíritu del lema de “Haolam Haze”: “En este mundo: valiente e imparcial”.
Hace pocas semanas, la colombiana Revista Raya reveló que el banco que aceptó el dinero fue el “más grande de Israel, el Banco Hapoalim, que recibió el visto bueno del general Yair Kulas, quien era el Jefe de Exportaciones del Ministerio de Defensa de Israel. No solo eso, añaden un dato clave: los 13 millones de dólares salieron de plata incautada a narcotraficantes”.
Raya relaciona un viaje del pasado presidente a Israel a finales de octubre de 2021 con el comienzo de las negociaciones. Menciona, además del viceministro de Planeación y Estrategia de defensa, Jairo García, a tres generales de Fuerzas Militares: Carlos Moreno, Wilson Cháwez y Juan Diego Sepúlveda, todos retirados.
Pero, reciente denuncia del presidente Gustavo Petro indicó que el negocio habría sido con la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol).
Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) del gobierno anterior, dijo hace pocos días que todo era falso, que era imposible hacer esa compra en efectivo y sin pasar por los sistemas financieros y de control colombianos, y que la narrativa que estaban intentando crear era una mentira.
El argumento de Muñoz es simple, pero muy débil: no existe contrato alguno entre el Estado colombiano y el gobierno de Israel o la empresa NSO para la adquisición del Pegasus, porque, justamente, la idea de comprarlo en efectivo era mantenerlo oculto, en la clandestinidad, sin control judicial alguno.
“Negar la presunta compra del Pegasus solo con ese argumento, sería equivalente a decir que las chuzadas a magistrados, opositores y periodistas nunca existieron porque de ello no quedó registro judicial alguno”, dijo un analista.