Congreso por la Paz, hecho en Bogotá y liderado por el Gobierno Nacional y la mesa de diálogos.

Pese a la suspensión de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Bogotá se reanuda un nuevo esfuerzo por convocar a la retoma de conversaciones con la insurgencia, en el Congreso por la paz, un espacio liderado por la Delegación de paz del Gobierno.

Según Vera Grabe, jefa de la Delegación, el sentido de este congreso no es otro que dejar claro que "la mesa de diálogos con el ELN está suspendida, pero no nuestros esfuerzos de paz. No queremos estar inactivos a la espera de que el ELN se decida a dar una clara muestra de diálogo". 

Por ello, se tomó la decisión de convocar este espacio, para propiciar un espacio de escucha y movilización, con miras a que la sociedad civil tenga un rol activo y no solo que solo espere "a ver si los armados quieren la paz".

Hacia un movimiento nacional por la paz

Por su parte, el senador Iván Cepeda, fue enfático en señalar que esta reunión "es una respuesta a quienes nos invitan a tirar la toalla y a renunciar al diálogo", y dijo que hoy "más que nunca, nos reafirmamos en la vigencia de la búsqueda del diálogo, de la necesidad de reactivar el proceso con el ELN, de buscar que a través de las iniciativas humanitarias cese la violencia". 

Así mismo, dijo que el encuentro versará sobre tres asuntos fundamentales: la vigencia de la paz, la acción por la paz y la creación de un movimiento nacional por la paz.

En relación con el primer aspecto, declaró que la continuidad del conflicto armado requiere una salida política, toda vez que la paz es un asunto político, y no exclusivamente jurídica o militar. 

Así mismo, instó a lograr que el diálogo sea eficaz, y no un escenario que se prolongue en ciclos durante décadas. 

Sobre la acción por la paz, dijo que se prevé "salir de aquí a tomar las calles del país y a una gran movilización nacional, para exigir a todos los armados, oficiales, y también a los grupos armados a que paren ya la violencia en todas sus formas".
 
Al final, dijo que esta reunión busca confluir en un movimiento nacional por la paz, pues "es hora de que surja", pero con un plan y un cronograma que conduzca a resultados reales que permitan proteger a la población civil.

De nuevo, la revictimización afecta a los inocentes. En este caso, a las familias que buscan a sus parientes en La Escombrera, el basural de la Comuna 134 de Medellín donde, según muchos testimonios, pudieron ser sepultadas unas 50 personas asesinadas por organismos del Estado en alianza con grupos paramilitares a comienzos de este siglo.

El dinero para financiar la búsqueda se acabó, y desde el 1 de abril quedó suspendida toda labor de excavación en el lugar, símbolo de la violencia desatada por el Estado en Medellín durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Pertenecer al Clan Andrade, en el Huila equivale a considerarse con licencia para muchas cosas, algunas más allá de la ley, de ordinario sin consecuencias.
 
Una de esas cosas es la de incumplir varias veces un contrato con el Estado, sin que ocurra nada, salvo que ya lleva 13 adiciones presupuestales, una por cada incumplimiento.

La muy grave denuncia es del periodista Daniel Coronell, en su columna semanal en la revista Cambio Colombia.

Como comandante del Ejército en el corrupto gobierno pasado, el atrabiliario general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, no solo sacó ilegalmente a un coronel que se alistaba para el ascenso a general, sino que le acosó sexualmente a la esposa, una contratista militar.

La intensa percepción de inseguridad persiste en Colombia, pese a que las cifras indican que, en lo que va del año, disminuyeron casi todos los indicadores de violencia y criminalidad, en comparación con el mismo lapso de 2024.

Según estadísticas del Ministerio de Defensa, los homicidios intencionales pasaron de 2.132 hechos el año pasado a 2.084 este año. Significa que se perdieron 48 vidas menos.

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