La fiscalía colombiana pidió condenar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal.
Según Marlenne Orjuela Rodríguez, Fiscal Primera Delegada ante la Corte, nombrada para el proceso contra Uribe, le pidió a la jueza Sandra Liliana Heredia condenar al expresidente, pues “las pruebas practicadas (contra Uribe) han sido concluyentes”.
Más tardó el presidente Gustavo Petro en plantear que cualquier colombiano puede ser embajador de su país, no solo los que se creen herederos de los cargos, para que, todos a una, siete excancilleres se opusieran de manera rotunda.
Los siete, como la absoluta mayoría de diplomáticos colombianos, según el presidente, con blancos, ricos, aristocráticos y miembros de las élites sociales.
El presidente Gustavo Petro firmó el anunciado y controvertido decreto que convoca a los colombianos a una consulta popular para reformar las leyes laborales.
El decreto (decretazo, le llaman) es resultado de prolongados análisis, críticas y controversias, que ocuparon a numerosos funcionarios del Gobierno, a fin de evitar errores que puedan frustrar la aspiración de permitirle al pueblo expresarse en torno del futuro.
La poderosa pistola austríaca Glock de 9 milímetros utilizada por un niño de 15 años para intentar matar al senador Miguel Uribe Turbay no fue vendida por la tienda AJI Sporting Goods, de Mesa (Arizona), como sostienen medios colombianos.
Según Jeff Serdy, propietario de la enorme tienda, dijo que AJI Sporting Goods (no AJI Port, como la identifican medios como el diario El Tiempo), solo fue intermediaria entre el distribuidor en Estados Unidos y el comprador, en una acción rutinaria en el comercio legal de armas.
El niño acusado de disparar contra el senador Miguel Uribe Turbay en el Parque El Golfito, occidente de Bogotá, no aceptó los cargos que le formuló la Justicia, y, como con secuencia, se declaró inocente.
Lo asiste un abogado y vigila el proceso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
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