Con dos coordinados, y nada sutiles movimientos, el presidente de la República movió el límite legal para la calidad, la capacidad y la publicidad de la contratación estatal, con el fin de completar los cargos administrativos y directivos más relevantes del Estado, que no ha podido surtir en ya dos semanas de Gobierno.

Con profunda inquina en la ley, y un desparpajo a la hora de su deshonroso actuar, el Gobierno tendrá la capacidad de nombrar a su antojo, como casi siempre, pero ahora sin la capacidad de un evaluado técnico, o de al menos, un control político o ciudadano de quienes en nombre de la Patria Milagro lleguen a jefaturas, direcciones y despachos administrativos en el Estado.

El límite corrido tiene que ver con la renombrada, y objetada, ley 056 de 2024 (Cámara) 245 de 2024 (Senado), llamada ‘Por la cual se prohíbe la disminución de los requisitos mínimos para acceder a cargos del nivel directivo en el sector público y empresas con participación estatal del orden nacional, y se dictan otras disposiciones’. 

Llega el primer golpe del Gobierno Nacional a la Reforma Laboral, insignia del gobierno del expresidente Gustavo Petro. Por medio de la Resolución 2708 del 20 de agosto, el ministerio del Trabajo revocó 11 circulares fundamentales de la Reforma, que defendían a las y los trabajadores de Colombia frente a los abusos del Estado y del patrón.

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