Diego Javier Cadena Ramírez, 43, es un abogado nada recomendable. Él mismo se dio a conocer como abogángster, es decir, abogado y bandido activo.

Por algo está enredado en la Justicia colombiana, que prepara un fallo en un proceso paralelo al del exsenador Álvaro Uribe Vélez. Y por los mismos delitos: soborno y manipulación de testigos.

“De día, abogado; de noche, abogángster”, le dijo Cadena por teléfono a una novia en conversación grabada interceptada.

Pero, parece que lo de gángster no es solo un decir.

Según el senador Iván Cepeda Castro y su abogado en el proceso contra Uribe, Miguel Ángel del Río Malo, Cadena anda armando un complot para hacerlos aparecer a los dos como comprometidos en episodios de narcotráfico.

Para ello, se ha valido de sus contactos con agentes de la Administración de Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigaciones y la oficina de Investigaciones de la Seguridad Interna (DEA, FBI y HSI, siglas en inglés) de Estados Unidos.

Cadena es clave en el proceso contra Uribe, como que, según la Fiscalía, a nombre del exsenador realizó actividades criminales por las que ambos son reos en juicios que serán fallados en pocos días.

Cadena ha sido defensor de personajes del mayor peso posible en el crimen nacional e internacional.

Según el sitio web de su oficina, Cadena “ha sido reconocido por ser experto en temas de extradición y representar a poderosos capos colombianos ante las autoridades estadounidenses y europeas”.

Uno de ellos es Dairo Antonio ‘Otoniel’ Úsuga, jefe del Clan del Golfo hasta su extradición a Estados Unidos, donde permanece. También asesoró a Diego León ‘Don Diego’ Montoya,  y a Juan Carlos ‘Chupeta’ Ramírez Abadía.

También fue abogado del expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado en 2023 por blanqueo de capitales, actualmente asilado en Colombia.

Pero, el caso que lo hizo conocer es el que se le sigue a Uribe, en el que Cadena y su colega Juan José Salazar son acusados de entregar supuestos sobornos a favor de Álvaro Uribe y en contra de Cepeda.

Esto lo llevó a enfrentar una detención domiciliaria por 269 días en octubre de 2021. En julio del año siguiente quedó en libertad por vencimiento de términos.

Según la Fiscalía, Cadena y Salazar entregaron dinero y beneficios a exparamilitares como Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve para que cambiaran su versión en favor de Uribe.

Las visitas de Cadena a varias cárceles del país se convirtieron en el núcleo de la investigación judicial: interceptaciones telefónicas, chats, giros de dinero a familiares de los presos y las confesiones de los propios testigos han sostenido las acusaciones que se extendieron hasta Uribe, señalado por la Fiscalía como el principal beneficiario de esa estrategia.

Tanto él como Uribe han rechazado de forma tajante los señalamientos, asegurando que los pagos a exparamilitares eran “ayudas humanitarias” y no sobornos para alterar sus testimonios.

En una entrevista radial en 2019, aseguró que eran pagos para transportes de familiares de los presos o recargas telefónicas. “Eran giros de 300.000, 200.000 pesos” y luego, en la misma charla, aseguró que, si hubiera querido comprar sus versiones, no habría dejado rastro de las transacciones.

Pero no negó que fuera la primera vez que entregaba “ayudas humanitarias” a criminales en prisión.

“Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda”, dijo entonces y agregó que su firma de abogados ha entregado ropa y elementos de aseo en prisión, como actos de caridad propios de su cercanía con las personas privadas de la libertad.

La defensa de Uribe ha intentado marginarse de Cadena y argumenta que el abogángster actuó por cuenta propia y sin su autorización.

Según la Fiscalía, en el juicio buscó probar que, además de los registros de transacciones, se entregó dinero en efectivo a exparamilitares como Carlos Enrique Vélez para alterar su testimonio y favorecer al expresidente y a su hermano, Santiago Uribe, investigado y absuelto por sus nexos con el grupo paramilitar Los 12 apóstoles.

Pero Vélez declaró que Cadena lo buscó en 2017, en nombre de Uribe, para ofrecerle 200 millones de pesos (49.800 dólares) a cambio de escribir tres cartas a favor de los Uribe Vélez.

En una entrevista con la revista Raya, Vélez resumió su vínculo con Cadena con crudeza: “Yo le dije a Cadena: ‘Entre bandidos nos vamos a entender”.

Esas pruebas, junto con los testimonios y declaraciones, están siendo evaluadas por el juez del caso, quien deberá emitir sentencia a finales de mes, casi de forma paralela al fallo que prepara la jueza que estudia el expediente contra Uribe por los mismos hechos.

A menos de un mes de que se dicte su fallo, el periodista Daniel Coronell, quien ha seguido de cerca los pasos de Diego Cadena desde hace casi una década, reveló la existencia de una reunión entre el abogado y Manuel ‘Narcochofer’ Castañeda, de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Castañeda trabajó en las arcas del Estado gestionando, desde el interior de la entidad que provee protección a las personas amenazadas, beneficios para criminales como carros blindados para transportar cocaína o vendiendo esquemas de protección.

Según el informe periodístico, se reunieron en un hotel de Bogotá en el que Cadena, supuestamente, le ofreció a Castañeda beneficios con agentes federales de Estados Unidos a cambio de declarar contra el senador Iván Cepeda y su abogado Miguel Ángel del Río, e involucrarlos en negocios falsos de narcotráfico.

“Yo manejo estos temas hace muchos años, así que yo sé cómo camina esto”, se le oye decir al abogado en una conversación telefónica que fue grabada.
También se conocieron chats y capturas de pantalla en donde se ven nombres de supuestos agentes estadounidenses de la DEA, el FBI y el HSI.

La Fiscalía anunció que indagará las filtraciones.