La intensa percepción de inseguridad persiste en Colombia, pese a que las cifras indican que, en lo que va del año, disminuyeron casi todos los indicadores de violencia y criminalidad, en comparación con el mismo lapso de 2024.

Según estadísticas del Ministerio de Defensa, los homicidios intencionales pasaron de 2.132 hechos el año pasado a 2.084 este año. Significa que se perdieron 48 vidas menos.

El presidente Gustavo Petro dijo que los congresistas “que se han ido contra el pueblo, que han traicionado al pueblo y a sus representados (…) lo han hecho (movidos) por la codicia”.

Junto con los empresarios, los congresistas “no quieren que el día termine como la naturaleza lo hizo en la tierra, a las 6 de la tarde, porque quieren explotar, explotar y explotar más al ser humano”.

Enredados seriamente en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y al del tráfico de influencias en el ministerio de Hacienda, los políticos de la Alianza Verde (AV) ahora se enfrentan entre ellos mismos.

En el caso de la Ungrd, dos de los más altos directivos de AV, nada menos que el presidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez (al borde de la cárcel) y Sandra Liliana Ortiz Nieva, Alta Consejera para las Regiones, están hundidos hasta el cuello en el escándalo.

Los cafeteros colombianos beben largos tragos de café amargo mientras se desvelan pensando en cómo pagar 150 millones de dólares de 1,300 contratos internacionales que firmaron en 2020 para vender el grano a precios que les obligaron a incumplir.

Lo hicieron motivados y respaldados por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), manejada por personas que, en concepto del analista Guillermo Trujillo, “tumbaron a la institución que dicen amar”.

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