Medellín
Por fin, alguien en el Estado admitió que tenían razón las madres de Medellín que insistían en que La Escombrera, un lugar para tirar basuras, están enterrados centenares de cadáveres de sus hijos asesinados por fuerzas del Estado o aliadas con este.
Quien aceptó que eran ciertas las denuncias es el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Gustavo Adolfo Salazar, al referirse al descubrimiento de restos humanos en excavaciones en La Escombrera.
Le toca al pueblo salir a ejercer su enorme poder y a defender su soberanía y su Gobierno.
Esa es la invitación lógica del presidente Gustavo Petro, ante el golpe de Estado blando que adelantan principalmente los malditos miembros del Senado de la República y del Consejo de Estado, entre otras instancias de poder político.
La extrema derecha continuó negando toda iniciativa del Gobierno en favor del pueblo, y los senadores del Centro Democrático (CD), de Álvaro Uribe, y de Cambio Radical (CR), de Germán Vargas Lleras, abandonaron el recinto del Senado cuando se votó la reforma política, que fue descartada por segunda vez.
La falta de cuórum para decidir hundió una idea de la alianza Pacto Histórico (soporte del presidente Gustavo Petro), que viene desde 2022, y que buscaba la financiación estatal al ciento por ciento de las campañas políticas y gestionar normas para que otorgar y negar personerías jurídicas.
El presidente Gustavo Petro tiene toda la razón.
La Procuraduría General de la Nación (PGN), la Corte Constitucional (CC) y el dividido Consejo de Estado (CE) están contrariando de manera impune la ley internacional.
El presidente Gustavo Petro designó como gestores de paz a por lo menos 17 excomandantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Entre los nombrados figuran Salvatore Mancuso Gómez, Diego Fernando ‘Don Berna’ Murillo Bejarano, Rodrigo ‘Jorge 40’ Tovar Pupo, Ramiro ‘Cuco Vanoy’ Vanoy Murillo, Jorge Everth ‘HH’ Veloza García y Carlos Mario ‘Macaco’ Jiménez Naranjo.
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