La Coordinadora de Federaciones por la Paz y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) firmaron un contrato directo para fortalecer procesos organizativos y de economía solidaria en las regiones donde hacen presencia personas en reincorporación.

En total, siete organizaciones se beneficiarán del contrato por mil millones de pesos, que son: Federación de Economía Solidaria Efraín Guzmán, Federación de Economía Social y Solidaria por la Paz del Nororiente (Fesopaz), Federación de Economía Solidaria Norte Común (FedeNorteComun), Federación de Economía Solidaria Juan de la Cruz Varela, Federación de Economía Solidaria de la Orinoquia por la Paz (Orientepaz), Federación de Economía Social y Solidaria Mónica González y Coordinación Nacional de Mujeres (Conamu).

El presidente Gustavo Petro se alegró de que organizaciones paramilitares que asesinaron y despojaron de sus pocas tierras a miles de campesinos pobres de Colombia “no pudieron derrotarnos”.

En Pueblo Nuevo (Cor), luego de entregarles tierras a los campesinos de la zona, Petro recordó sus actividades políticas allí, “cuando pensábamos que era necesaria una guerra, que eran necesarias armas” para lograr un cambio.

“Pero, hoy, como presidente, vemos que es posible un cambio pacífico, señaló.

“Hoy esta es una tierra libre, con gente libre, con espíritus libres, que piensan y construyen”, dijo.

“Hoy es un día por el que vale la pena haber triunfado en las elecciones”, exclamó emocionado.

Algo molesto de reiterar que no pretende hacerse reelegir, reafirmó que jamás ha propuesto una asamblea constituyente a través de los acuerdos de paz con las Farc, sino de otorgarle al pueblo poder para decidir su futuro.

Rechazó así las críticas infundadas de cinco expresidentes que calificaron de “acto contra la Constitución” cualquier idea de reformarla.

Entre los cinco (Ernesto Samper Pizano, Cesar Gaviria Trujillo, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque Márquez y Juan Manuel Santos Calderón), sin embargo, reformaron 54 veces la Constitución de 1991, incluso uno de ellos para hacerse reelegir como presidente, entregando sobornos a congresistas a cambio de votar favorablemente la reforma de “un articulito”.

Aún hay personas pagando penas de cárcel por esos sobornos, pero el responsable de todo, Álvaro Uribe Vélez no ha sido juzgado.

En un acto de entrega de tierras a campesinos pobres y obligados a abandonar sus lugares por fuerzas paramilitares que los despojaron de sus bienes, Petro dijo que sus cri2ticos consideran que convocar el pueblo para que asuma el poder que tiene como constituyente es antidemocrático.

“Ojalá pudieran (las bases populares) salir en grandes movilizaciones, hay quienes ahora le tienen temor a la palabra democracia. Incluso, creen que la democracia no es el pueblo, que se destruye la democracia si se convoca al pueblo a expresarse, a movilizarse, a organizarse y a tener poder”, dijo Petro ante nutridos aplausos y vítores de los asistentes.

Y aclaró de nuevo: “Yo no he hablado de una Asamblea Constituyente como repite una y otra vez la prensa, y menos para reelegirme; los que se reeligieron fueron otros, no yo: cambiaron la Constitución para ellos. Aquí estoy hablando de un poder constituyente, no confundan el objetivo con los medios, el poder constituyente es poder del pueblo, es la capacidad de decisión, es capacidad de organización, es poder decirle a toda la sociedad colombiana que el pueblo tiene poder, que decide, que quiere cambiar la historia de Colombia, que es el camino de la construcción de la democracia, no hay democracia sin pueblo”, explico2 Petro.

Por otra parte, el presidente Petro se refirió a la reforma agraria y aseguró que hay que “apretar el paso”, organizando comités campesinos.

“Hay que apretar más el paso, no nos queda mucho tiempo. Hay que apretar en los trámites, en la capacidad, en la eficiencia del Estado, en la voluntad y en la fuerza que solo sale del corazón cuando un objetivo se quiere con el alma y por tanto se puede conseguir”, puntualizó.

El acto cerró la entrega de unas 2,000 hectáreas en los municipios cordobeses de Pueblo Nuevo, Chinú y Ciénaga de Oro, y otras 4,000 en pueblos de Magdalena.

El Tribunal Superior de Cundinamarca le otorgó la razón al presidente Gustavo Petro y lo libró de pagar una multa de 22,170 millones de pesos que le impuso la Contraloría Distrital, por el modelo de basuras que implementó, cuando fue alcalde de Bogotá.

La sanción monetaria, que en 2018 Petro calificó como impagable, cobijaba también a los subalternos de Petro María Mercedes Maldonado, Alberto José Merlano Alcocer y Gerardo Ardila, que debían pagar 75.483 millones de pesos.

Con decisión de los magistrados Óscar Armando Dimaté, César Giovanni Chaparro y Moisés Rodrigo Mazabel, el tribunal les dio la razón a Petro y su equipo ordenando levantar esa sanción, que se remite a una multa que le impuso en 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio (Sic) al Acueducto de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) por más de $80.000 millones, monto que fue pagado por la administración de Enrique Peñalosa, algo que la defensa de Petro subrayó como la puerta libre para que la Contraloría declarara un detrimento patrimonial.

El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, admitió sin comentarios la posibilidad de que en el asesinato del director de la cárcel La Modelo, Élmer Fernádez, esté involucrado personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Fernández fue asesinado de un balazo en la cabeza hace una semana, cuando iba a su casa en el norte de Bogotá en una camioneta oficial sin blindaje, acompañado por su chofer.

Solo llevaba 40 días al frente de la cárcel, una de las más peligrosas de Colombia.

Al parecer, requisas sorpresivas en las celdas de algunos presos, pudieron llevar a Fernández a ser objeto de amenazas de muerte por jefes pandilleros presos.

Fernández era coronel retirado de la Policía y tenía experiencia en el manejo de prisiones.

Los hechos crearon gran conmoción, pues varios miembros del Inpec posteriormente denunciaron que se sienten desprotegidos.

Ante la situación de zozobra, el Ministerio de Justicia y las autoridades abrieron una investigación para esclarecer los hechos y este 23 de mayo en la mañana el ministro Néstor Osuna habló de cómo va el proceso. 

El ministro no dio muchos detalles, pero aseguró que: "el CTI de la Fiscalía y la Dijín han avanzado en varias hipótesis, unas han venido tomado fuerza, creo que pronto habrá esclarecimiento, capturas, y vamos a saber quiénes fueron los determinadores y los autores materiales del execrable delito".

Posteriormente, cuando se le preguntó si es posible que haya miembros del Inpec relacionados en el homicidio del coronel en retiro, agregó que es "posible", pero no dio más detalles. 

"Es una de las hipótesis, una hipótesis puede ir por allí", anotó Osuna.

Una amenaza, por escrito, la hizo Pedro Pluma, un criminal recluido en el patio cuatro.

“Si vuelve a meter requisa para el patio, le mato a la familia. Para que vean que yo si tengo poder y si me trasladan le mato a la familia", decía la amenaza que había llegado a manos de la Fiscalía.

Durante la posesión del canciller Luis Gilberto Murillo Urrutia, el presidente Gustavo Petro le dijo que su reemplazo en la embajada en Washington será el historiador y periodista Daniel García-Peña Jaramillo.

"Ese trabajo que usted desempeñaba lo va a asumir Daniel García Peña como nuevo embajador de Colombia ante los Estados Unidos, para llevar esta difícil tarea de una nueva agenda entre los Estados Unidos y toda la América, para lograr paz, tranquilidad y un avance real de la vida en el planeta", dijo Petro a Murillo.

García-Peña es historiador de Belmont Abbey College, se ha desempeñado como Comisionado de Paz durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano y ha sido docente en varias universidades, principalmente la Nacional.

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