Parece una conclusión definitiva.

Después de 18 años, el propio presidente Gustavo Petro se inclinó por una versión que nadie, ni los órganos de investigación del Estado, se ha atrevido a confirmar.

El ultrapoderoso Pedro Juan Moreno Villa, exsecretario de varios años y de muchas actividades del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue asesinado.

Que haya muerto cuando cayó en Mutatá (Urabá, norte de Antioquia) el helicóptero en el que viajaba, no obliga a que se hable de una muerte accidental.

Nicolás Petro Burgos reiteró oficialmente que fue presionado para declarar en contra de su padre, y negó la versión que le atribuyó la Fiscalía General de la Nación sobre la financiación de la campaña presidencial de su padre, el presidente Gustavo Petro.

Petro hijo declaró desde el Tribunal Superior de Barranquilla para la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, y entregó una declaración escrita juramentada a los investigadores Gloria Arizabaleta, Wilmer Carrillo y Alirio Uribe.

¿Desde cuándo, ser una servidora del Estado priva a una persona del derecho a emitir opiniones?

¿Cuál es la falta cometida por María Cristina Estupiñán, del RCTV, al decir en privado algo que para millón es de colombianos es una verdad?

Decirles a algunos políticos opositores que son unos “malparidos payasos de mierda” quizás no parezca apropiado, pero es una forma clara de expresar una opinión.

Todo lo que hayan dicho y digan de la derecha colombiana se queda corto ante la realidad.

Sus miembros son capaces de lo que sea, para hacerse notar y descalificar a quien sea.

Por estos días, en las redes sociales y en las noticias de la prensa hegemónica, líderes de medio pelo, que tienen sitios en las redes sociales, pretenden desacreditar a Gustavo Bolívar, por su nombramiento como director del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Olmedo López Martínez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), renunció a su cargo luego de ser denunciado penalmente por la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, en desarrollo de un escándalo de sobrecostos en la compra de carrotanques para distribuir agua en La Guajira.

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