Como al político derechista Germán Vargas Lleras no le cuajaron sus dos candidatos a la Procuraduría General de la Nación (PGN), ahora plantea que “hay que acabar” con ese organismo.
Para ello, usó como pretexto la decisión de la procuradora, Margarita Leonor Cabello Blanco, que archivó un proceso contra la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, por la pérdida de 70 000 millones de pesos de un anticipo contractual para llevar la internet a escuelas rurales de 16 departamentos.
Vargas cuestionó la actuación de Cabello y señaló que la entidad de control debe ser cerrada.
Sin embargo, hace una semana, defendió con ahínco la designación que hizo de Germán Varón Cotrino y de Luis Felipe Henao como candidatos de su partido para reemplazar a Cabello.
Como el presidente Gustavo Petro al secretario general del Senado, Gregorio Eljach, al que respaldan casi todos los partidos, Cotrino y Henao quedaron sin votos y Vargas sin candidatos y sin Produraduría.
Varón era, además, el candidato de la Corte Suprema de Justicia.
Ante eso, Vargas insistió en que la PNG debe desaparecer.
“Ni un solo centavo se ha recuperado de los 70.000 millones de los Centros Poblados y la Procuraduría hoy cerró la investigación”, cuestionó Vargas, expresidente de la República y fundador del partido Cambio Radical. “Jamás hemos conocido quiénes fueron los autores intelectuales. Por eso he sostenido que hay que acabar esa entidad”.
Según la PGN, tras revisar las pruebas recabadas durante el proceso se concluyó que Abudinen, exministra del gobierno pasado, no cometió alguna conducta irregular en la adjudicación del contrato 1043 de 2020, con el cual se había quedado la Unión Temporal (UT) Centros Poblados 2020.
“Y entonces con el cierre de esta investigación, ¿nadie va a responder? ¿Qué pobre secretaria se llevará la responsabilidad?”, añadió Vargas.
La declaración de Vargas llega pocos días antes de que el Congreso elija al próximo procurador general que, casi con seguridad, será Eljach. Varon está descartado, lo mismo que Henao, también de Cambio Radical, pero con apoyo de sectores de ultraderecha como el Centro Democrático.
Cabe mencionar que en la investigación del contrto de las TIC la PNG sancionó a tres exfuncionarios del Mintic y a dos contratistas de Centros Poblados en mayo del 2023.
Los funcionarios sancionados en primera instancia fueron la exsubdirectora de Gestión Contractual del Mintic, Sandra Orjuela Méndez; el exdirector de Infraestructura del Ministerio, Camilo Alberto Jiménez Santofimio; y la exsecretaria general de la cartera y exdelegataria de la contratación, Adriana Vanessa Meza Consuegra.
A ellos se sumaron los contratistas Luis Fernando Duque Torres y la exrepresentante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, Paola Andrea Izquierdo Rivera. Además, en octubre de 2023, la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por 67.970 millones de pesos a 12 personas naturales y jurídicas por las irregularidades en el contrato.