En la tarde del 5 de marzo de 1979, Alicia Mercedes Ribaldo Pardo tenía 16 años y, como mesera del Coffe Shop de Barranquilla, entonces de moda, atendía a una pareja de uruguayos.
De pronto, un hombre con una escopeta se acercó a la mesa y le dijo a la chica: “te voy a matar”, y le disparó en el rostro. Ella solo atinó a preguntarle “¿estás loco?”, y se desplomó muerta.
El hombre era el empleado de mayor edad del café: César Augusto Lorduy Maldonado, exrepresentante a la Cámara y, hoy, a nombre del Clan Char y del partido Cambio Radical, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) e investigador de la campaña del presidente Gustavo Petro.
La versión del asesinato la defienden todos los testigos, y, con un cambio fundamental, la admite el propio Lorduy, quien jamás pisó la cárcel, porque la investigación nunca prosperó.
El proceso prescribió y Lorduy no pudo ser declarado responsable.
Lorduy dice que nunca disparó, que fue la pared que tenía detrás, la que le hizo accionar el arma, y, que, además, en ese momento él era un niño de 23 años.
Desde esa tarde, la familia Ribeiro ha encaminado todos sus esfuerzos a lograr que Lorduy pague por lo que hizo, pero la influencia de la familia Char, de la que es consejero político, ha podido más.
El crimen de Ribeiro quedó, hasta ahora, en la impunidad más ofensiva y obscena.
Pero, no es el único caso de consecuencias penales en el que Lorduy está involucrado.
La congresista de Fuerza Ciudadana Ingrid Johana Aguirre Juvinao denunció a Lorduy por acoso sexual y corrupción, en hechos relacionados con la anulación de la inscripción electoral de la candidata samaria a la Alcaldía de Santa Marta Carmen Patricia Caicedo Ómar, que encabezaba todas las encuestas en Magdalena.
Según la denuncia, ya magistrado del CNE, Lorduy convocó a Aguirre y a Rafael Martínez a su oficina de Barranquilla, para exigirles el pago de 500 millones de pesos “en forma de agradecimiento” por lograr que Fuerza Ciudadana pudiera participar en las elecciones territoriales.
Ante la negativa de pagarle, dice Aguirre, Lorduy la citó por tercera vez y le planteó que como no le pagó en dinero, y ella era mujer, podía pagarle de otra manera.
La versión de Aguirre indica: “Expresó que, como no fue desembolsado el dinero, yo, en mi calidad de mujer, podría pagarle el favor de otra forma, lo que consecuentemente derivó en la exigencia de que sostuviera relaciones sexuales con él a manera de pago en especie para solucionar el asunto de la candidata (Caicedo, del mismo partido de Agirre)”.
Un día después de ese encuentro, se materializó la sanción en contra de Caicedo, quien finalmente quedó fuera de la carrera electoral para la alcaldía de Santa Marta.
En relación con la muerte de Ribaldo, La Fundación Justicia para Alicia sigue preguntándose los motivos que llevaron a Lorduy a terminar con la vida de la joven de 16 años, a quien describen como “bondadosa, generosa y llena de ilusiones”.
Ahora, tiene en sus manos parte de la investigación por los gastos de la campaña Petro, en similares circunstancias a las de Álvaro Hernán Prada Artunduaga, enjuiciado por la Corte Suprema de Justicia, en el caso contra Álvaro Uribe Vélez.