El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó de que la tasa de desempleo en Colombia durante enero fue de 11,6 por ciento, lo que significa una disminución de 1,1 punto porcentual en comparación con enero de 2024 (12,7%).
Según las cifras, en enero se recuperaron 878.000 puestos de trabajo en todos los sectores de la economía, con excepción de las actividades profesionales y científicas, que contrataron a 118.000 personas menos que en el mismo periodo de 2025.
De colombiagricola.com
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 100 resoluciones de formalización de la propiedad rural a familias campesinas de siete municipios de Norte de Santander, entre los cuales se encuentran cinco de la región del Catatumbo, que representan 1.282 hectáreas de tierra apta para la agricultura.
Cincuenta de las cien propiedades se encuentran ubicadas en el municipio de Ábrego, y las restantes están distribuidas en San Calixto, La Playa de Belén, Hacarí, Ocaña, La Esperanza y Cáchira.
El Presidente Gustavo Petro sabe lo que muchos otros, que pero se niegan a admitirlo: el polémico barranquillero Armando Alberto Benedetti Villaneda es, por ahora, quizás el único político en capacidad de salvar las reformas que necesita el Gobierno del Cambio.
Para ello lo nombró ministro de Interior, como epílogo temporal de la tormenta que se desató a comienzos de enero, cuando un Consejo de Ministros terminó en rebelión de funcionarios y en la solicitud de Petro de que todos renunciaran, aunque fuera de manera protocolaria. Unos 25 lo hicieron…
Casi todos los ministros parecieron estar de acuerdo en que no aceptaban a Benedetti como jefe del gabinete ni a trabajar con él, aunque el presidente lo exigiera.
Con alcaldes como Jorge Enrique Acevedo Peñaloza no hay por qué preocuparse. Absilutamente de nada.
Ni siquiera en Cúcuta, la quinta ciudad del país, acorralada por la guerra subvsersiva y narcotraficante, bajo toque de queda y refugio de miles de personas bajadas de Catatumbo.
Para Acevedo, una situación dramática como esa es un simple retozo democrático.
En un hecho sin precedentes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó actos de tortura a 39 exmilitares, entre ellos a cuatro generales en retiro.
Además de desapariciones y homicidios presentados como bajas en combate, conocidos como falsos positivos, pero en realidad ejecuciones extrajudiciales, la JEP añadió tortura a los cargos contra los generales Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria.
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