En un hecho sin precedentes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó actos de tortura a 39 exmilitares, entre ellos a cuatro generales en retiro.

Además de desapariciones y homicidios presentados como bajas en combate, conocidos como falsos positivos, pero en realidad ejecuciones extrajudiciales, la JEP añadió tortura a los cargos contra los generales Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria.

Según la JEP, los cuatro generales y otros altos mandos incentivaban una 'política de conteo de cuerpos' para combatir a las guerrillas, y configuraron un patrón de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza pública, para engrosar resultados operacionales y obtener beneficios.

Una de las unidades militares con mayor número de estos casos fue el Batallón de Infantería No. 4 'Jorge Eduardo Sánchez' de la Cuarta Brigada.

El general Mario Montoya Uribe, uno de los oficiales más destacados de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, fue uno de sus comandantes.

Hoy, está acusado de más de un centenar de 'falsos positivos'. Por no aceptar su responsabilidad en estos crímenes, está a punto de ir a juicio y enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel.

Esta nueva imputación, que la JEP expide bajo el nombre de 'Auto de determinación de hechos y conductas', es la séptima de este macrocaso.

Los nuevos llamados a admitir su culpabilidad y encarar a las víctimas a cambio de no ir a prisión y recibir sanciones restaurativas, pasaron por los batallones 'Jorge Eduardo Sánchez', 'General Pedro Nel Ospina', 'Coronel Atanasio Girardot', 'General Pedro Justo Berrio', la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas 5 y el Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral.

En estas unidades, adscritas al subcaso Antioquia, la JEP identificó, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, al menos 270 hechos de ejecuciones extrajudiciales con 442 víctimas. De este total, 434 fueron asesinadas y ocho sobrevivieron. Asimismo, 203 personas fueron víctimas de desaparición forzada y 41 de ellas fueron torturadas.

"Al menos 187 fueron asesinadas bajo la modalidad de retención tras un señalamiento arbitrario y 146 lo fueron por engaño. En otros 17 casos, se trató de combatientes que se entregaron a las tropas del Ejército con la intención de acogerse a los programas oficiales de desmovilización y reinserción. Finalmente, al menos 10 víctimas fueron asesinadas en la modalidad oportunista", determinó la Sala de Reconocimiento.

El delito de tortura es nuevo en la imputación contra exmilitares y se encontró en al menos 22 casos, especialmente en campesinos del oriente antioqueño, quienes fueron perfilados falsamente como guerrilleros o milicianos.

"Ellos fueron torturados para que entregaran información, material de guerra o a otros miembros de la guerrilla que supuestamente escondían", determinó el tribunal.

La presión por los resultados fue el común denominador en estos crímenes de Estado. Los litros de sangre que exigía el general (r) Mario Montoya a sus tropas, se suman a las bajitas del general (r) González Peña y a las órdenes de los comandantes militares de regiones como Antioquia, Casanare, Cesar y Catatumbo. 

El objetivo, que consigna la JEP en este auto, era "sumar la mayor cantidad posible de bajas en combate, privilegiando el cuerpo del supuesto enemigo caído como el único indicador real del éxito del esfuerzo militar y desestimando las capturas como resultados problemáticos que no conducían a la victoria militar". 

De acuerdo con la magistrada relatora del caso, Catalina Díaz, los máximos comandantes pusieron a competir a las unidades militares por el número de bajas, les ofrecieron beneficios, condecoraciones y ascensos por este indicador y se burlaron o amenazaron a los que no entregaban estos resultados. 

Los cuatro generales en retiro imputados se suman a otros siete, entre ellos Paulino Coronado, Mario Montoya y Henry William Torres Escalante, quien reconoció su responsabilidad por estos hechos y, en un acto de reparación hacia las víctimas, pidió devolver las medallas que recibió cuando estaba al frente de la Brigada XVI. 

"La evidencia judicial demuestra que, con sus órdenes, lineamientos y directrices y sus mensajes cotidianos a las tropas en sus programas de radio, los generales condicionaron la conducta criminal de sus subalternos y propiciaron la creación de asociaciones criminales dentro de los batallones y unidades militares bajo su mando", se lee en el documento. 

En respuesta, las tropas adoptaron la "práctica sistemática de asesinar a civiles indefensos" que no pertenecían a ningún grupo armado y, en contravención a las normas del Derecho Internacional Humanitario, la JEP identificó que, para aumentar las bajas, ejecutaban a combatientes que se rendían en combate o eran capturados.

Con el séptimo auto de determinación de hechos y conductas, está por concluir la fase territorial del caso que investiga las ejecuciones extrajudiciales. Según Díaz, falta por determinar las responsabilidades a nivel nacional, un capítulo en el que se apuntaba a la vinculación de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, escenario que fue descartado por la magistratura.

"La JEP no tiene competencia para investigar a expresidentes", aseveraron. Sin embargo, sí pueden ser llamados como testigos, una carta que determinarán usar a medida que avance el proceso.