El magistrado Leonel Rogeles Moreno, del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó encarcelar al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, 67,  por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según el juez, hay pruebas de que González gestionó pagos ilegales a los presidentes del Senado, Iván Leónidas Name Vásquez, y de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, para facilitar el trámite de algunas iniciativas del Ejecutivo.

"Para proteger a la comunidad del actuar criminal desplegado por este ciudadano, es preciso imponerle medida restrictiva de la libertad debido a que se le reprocha su probable vinculación a la organización criminal", señaló el juez y decidió enviar al exfuncionario a la cárcel.

El exjefe del Dapre enfrenta cargos por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, los cuales no aceptó.

Durante la lectura de la decisión, el juez fue enfático al señalar que los elementos probatorios indican que González fue quien se acercó a los congresistas para conseguir, mediante sobornos, apoyo a proyectos clave del Gobierno.

“Existen elementos probatorios que indican que González Merchán fue la persona que acudió a ellos —los congresistas— en su calidad de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para lograr mediante sobornos el pago ilegal a los presidentes de Cámara y Senado por los proyectos presentados por el Gobierno nacional, y que además dio instrucciones a Olmedo López para pagar esas coimas con fondos públicos de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres”, sostuvo Rogeles.

El juez también subrayó que González abandonó el país y que, según la información conocida, se encuentra actualmente en Nicaragua, lo que refuerza el riesgo de fuga y la necesidad de mantenerlo bajo custodia mientras avanza el proceso.

Según la Fiscalía, en 2023 González dio la orden a Olmedo de Jesús López Martínez, entonces director de la Ungrd, de repartir 70.000 millones de pesos en contratos.

Para concretar el acuerdo, Sandra Liliana Ortiz Nieva, entonces Consejera Presidencial para las Regiones, habría organizado reuniones clave, como un desayuno el 25 de septiembre, en Residencias Tequendama, donde Name y López se encontraron para definir la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo.

Ese mismo día, López se reunió con Calle en la sede de la Ungrd, para pactar la entrega de 1.000 millones de pesos en Montería. Parte de los recursos provenían, según la Fiscalía, de contratos como uno de 40 carrotanques para La Guajira, por más de 46.800 millones de pesos, con comisión pactada de 14 %.

La acusación se apoya principalmente en los testimonios de López y de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de la Ungrd, quienes se sometieron a la justicia y revelaron la supuesta red de corrupción interna a cambio de beneficios judiciales.

Ambos confirmaron que González fue quien dio la orden directa para realizar los pagos ilegales y garantizar el apoyo parlamentario.

Además, la investigación avanza contra Name y Calle, quienes han negado las acusaciones.