La Procuraduría General de la Nación (PGN) pidió al Consejo de Estado (CE) confirmar un fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá que anuló la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja.

Krasnov, profesor universitario de origen ruso, fue elegido alcalde pese a que, según el tribunal de Boyacá, estaba impedido, por contratado con una entidad pública un año antes de los comicios.

Krasnov continúa en el cargo, que ganó con 27,330 votos, en espera del pronunciamiento del más alto tribunal de justicia administrativa en Colombia.

La PGN reiteró su respaldo a la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Boyacá y pidió ejercer la nulidad de la elección de Krasnov el período 2024-2027 tras revisar las pruebas que demuestran que el alcalde electo firmó un contrato.

En ese sentido, el órgano de control insistió en que se configuró una inhabilidad según la legislación electoral vigente. 

El CE será el encargado de revisar y decidir en última instancia sobre la nulidad de la elección del actual alcalde de Tunja, quien ha insistido en su solicitud de responder el mandato popular. La resolución del alto tribunal será clave para conocer si el ruso permanece en el cargo o si deberá convocar a nuevas elecciones para garantizar el respeto a las normas electorales. 

La demanda de nulidad interpuesta contra el alcalde de Tunja se presentó por un contrato firmado por Krasnov con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) el 6 de diciembre de 2022, diez meses antes de las elecciones en las que fue elegido con el 31 por ciento de los votos tras superar a candidatos con mayor trayectoria en la política regional.

Después de la decisión en la que se anuló su elección en primera instancia, la defensa de Krasnov apeló la sentencia argumentando que los únicos ingresos del funcionario para el momento del contrato eran los de su labor como docente.

En ese sentido, la defensa pidió reconsiderar la decisión y reconocer que no existió inhabilidad para participar en las elecciones.

El contrato número 2302 firmado con la UPTC sede Tunja establecía que Krasnov recibiría más de ocho millones de pesos por sus servicios profesionales para la capacitación en revisión de documentos y redacción de artículos científicos en inglés y alemán. Según su defensa, la estabilidad económica del profesor dependía exclusivamente de ese vínculo. 

“El objeto de la norma al crear la inhabilidad era y es el de que no se manipulen los presupuestos públicos para que desde la administración se favorezcan clientelas y se incline la balanza. Sin trabajo como docente, pudo haber sido un habitante de calle”, indicó el abogado Joseph Montenegro, en el documento con el que presentó la apelación. 

Pese a lo argumentado por la defensa de Krasnov, la Ley 617 del 2000 establece que los aspirantes a la Alcaldía tienen prohibido firmar en calidad de contratista un vínculo con una entidad del respectivo municipio antes de las elecciones.

Además, la norma no establece excepciones basadas en el tipo de contrato, la naturaleza de los servicios prestados o la dendendencia económica del candidato.

La defensa de Krasnov reitera que la vinculación laboral con la UPTC correspondió a una relación legal entre el docente y el establecimiento educativo para prestar sus servicios pedagógicos. Por eso, solicitó que se evalúe la decisión definitiva teniendo en cuenta que su cliente no obtuvo ningún tipo de ventaja electoral con la firma del contrato. 

Finalmente, la Procuraduría hizo énfasis en que la institución educativa con sede en Tunja es un ente autónomo regido por el derecho privado y destacó que la virtualidad en la que se desarrolló el contrato no elimina el vínculo territorial con la ciudad. Ahora, el Consejo de Estado tiene en sus manos la decisión en la que el primer ruso elegido alcalde en Colombia también podría convertirse en el primero en ser removido del cargo por inhabilidad.