El magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Mauricio García Cadena fue acusado de que podría estar traicionando el mandato del organismo de justicia, a los comparecientes más valientes y, en especial, a las víctimas de las atrocidades de la guerra.

El señalamiento está contenido en un texto de la columnista de Cambio Colombia Helena Urán Bidegain, hija del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, ejecutado extrajudicialmente por militares que desataron una carnicería para retomar el control del Palacio de Justicia, en manos de un comando guerrillero.

La acusación tiene que ver con la negativa del magistrado García de otorgar beneficios de ley al exmiembro de la Inteligencia Militar José Leonairo Dorado, cuyo compromiso con la verdad es “ejemplar”, según la columnista.

“Ha aportado información sobre fosas ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, ha comparecido en múltiples despachos, ha entregado información clave —como las coordenadas que permitieron a la JEP exhumar restos humanos en la Brigada XX (Charry Solano)—, y ha hecho lo impensable: mostrar su rostro públicamente y ante cámaras, estando dentro del país, como testigo e incluso autor directo del horror”, explica Urán en su texto. “Lo ha hecho sin máscaras, sin evasivas, con valor”.

Y, sin embargo, sostiene, “el magistrado Mauricio García, ante cuyo despacho reposa su caso, se ha negado hasta ahora a otorgarle los beneficios judiciales que establece el sistema para quienes cumplen con el principio de máxima contribución a l a verdad”.

La actitud de García contrasta con posturas de magistradas de la JEP como Catalina Díaz y María del Pilar Valencia, que han reconocido el valor de los aportes de Dorado.

Urán exige que el magistrado García “al menos estudie la petición, con hechos detallados, y haga una valoración con posibilidad de recurso”.

Pero, añade, la respuesta del magistrado ha sido un silencio atronador, a pesar de que este tipo de solicitudes tienen prioridad.

Ese silencio, dice la columnista, es profundamente injusto y políticamente peligroso, y el asunto toma aún más relevancia si se tiene en cuenta que, desde que comenzó a operar, hace más de siete años, la JEP ha escuchado a más de 14,500 personas”, muchas de las cuales han hecho aportes valiosos, en particular, los exmiembros de las Farc-EP…”

¿Qué dice esto?, argumenta, que quienes empuñaron las armas desde el Estado —con presupuesto público y en nombre de la seguridad nacional— se resisten, aún hoy, a rendir cuentas. Se esconden tras pactos de silencio que perpetúan la impunidad y la violencia.

“El aparato estatal ha sido responsable de crímenes atroces: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazamientos, violaciones sexuales. Y la sociedad sigue atrapada en una cultura militarista llena de tabúes, como si hablar del terrorismo de Estado fuera una traición, cuando en realidad es una urgencia democrática”, argumenta Urán.

La actitud del magistrado García “no puede leerse como un simple error administrativo. Podría interpretarse como u n a grave falta, o incluso una traición al mandato de la JEP, a sus comparecientes más valientes y, sobre todo, a las víctimas”.

Y recuerda que la misma sala a la que pertenece García, otorgó libertad durante dos años al general Arias Cabrales, quien, en cambio, no aportó absolutamente nada de verdad”, pero “se ufanó de sus medallas, se presentó a sí mismo como víctima, desconoció la cadena de mando y se burló de los reclamos de las víctimas”.