Una serie de contratos para infraestructura educativa, de 2022, 2024 y 2026 serán indagados por la Contraloría General de la República. Los entes a investigar son la alcaldía de Armenia, Quindío y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral ALDESARROLLO.
En total, más de 123 mil 899 millones de pesos habrían tenido una serie de irregularidades o ilegalidades en su contratación, ejecución y transparencia. Según la Contraloría, hay indicios que cuestionan la objetividad, imparcialidad y transparencia de la Contraloría Territorial, lo que lleva a las esferas nacionales el caso.
La Contraloría asumió el proceso bajo la figura de Control Preferente o Prevalente.
Los protagonistas de la investigación son el exalcalde José Manuel Ríos Morales, el alcalde James Padilla García; Omar Enrique Flórez Escorcia, representante legal de ALDESARROLLO, y por supuesto, varios contratos suscritos en los últimos 4 años entre la alcaldía y ALDESARROLLO.
El legado de José Manuel Ríos Morales
En el primer turno, de Ríos Morales, se presenta el Convenio Interadministrativo 0006 de 2022. En él, se contratan $20.424’118.820 para “Aunar esfuerzos para el fortalecimiento tecnológico y educativo de las instituciones educativas del Municipio de Armenia, mediante sistemas integrados técnico educativos”. La duración de este documento iba del 15 de diciembre de 2022 al 15 de diciembre de 2023.
Este convenio tuvo una adición de 10 mil 600 millones de pesos. El aporte de ALDESARROLLO fue de apenas 5 mil 549 millones.
El contrato nunca terminó. Información suministrada por el ciudadano Álvaro William López Ossa a la Contraloría indica un acta de liquidación del convenio por fallas en supervisión documentada.
La alcaldía Padilla
Los siguientes convenios que pusieron en la mira a la alcaldía de Armenia ocurrieron en la administración de James Padilla García. Bajo el mando de Padilla, dos nuevos convenios presentaron irregularidades en su ejecución.
El convenio 001 de 2024, suscrito por $35.386’240.444. Al igual que su antecesor el convenio también indica “Aunar esfuerzos para el fortalecimiento tecnológico y educativo de las instituciones educativas del Municipio de Armenia, mediante sistemas integrados técnico educativos”.
Para este caso puntual, el contrato solicitaba la entrega de 376 aulas digitales SITE junto con sus licencias, sistemas operativos y tablets para instituciones educativas de Armenia. El convenio debía durar de abril de 2024 a diciembre de 2024.
La principal irregularidad de este convenio no es una adición presupuestal, sino un posible detrimento patrimonial. En el convenio se explicita la compra de tablets de 10,8 pulgadas. El contrato de Transacción reveló que las tablets entregadas eran de 10,1 pulgadas.
Luego de las irregularidades de este documento, Padilla no dudó y repitió un contrato similar en 2025. El convenio interadministrativo 004 de ese año tiene el mismo fin de los dos primeros.
El valor inicial es de 40 mil millones y obtuvo una adición de 17, lo que deja un valor pleno de $57.463’685.113. La finalidad era implementar otras 103 aulas SITE, 83 de preescolar, 20 de programación y 187 mesas interactivas.
Las irregularidades del convenio incluyen cambios en las fechas estipuladas, cambios técnicos y múltiples modificatorios aclaratorios.
ALDESARROLLO
Para los dos casos de la alcaldía de James Padilla, el representante de ALDESARROLLO fue Omar Enrique Flórez Escorcia. Mala elección, pues Escorcia está ampliamente investigado por los contratos que firma en nombre de la entidad.
El entonces secretario de Transparencia del gobierno Petro, Andrés Idárraga Franco, advirtió estrategias poco transparentes para ser receptor de contratos en distintas regiones del país. Entre los casos documentados se encuentran la Red Summa, perteneciente a la Alianza Colombiana de Instituciones Públicas de Educación Superior; el programa Kluster y Aldesarrollo.
Además, las investigaciones a Escorcia van hasta el Santa Marta, donde se habría lucrado por 13 mil millones a base de proyectos para la población indígena Kogui. Otras llegan a Barranquilla e incluso a la Cancillería.
Con semejante historial, la alcaldía de Armenia junto esfuerzos para darle los dos contratos que se acercan a los 80 mil millones de pesos.
Estos y otros contratos de menor cuantía son la base de que la Contraloría Nacional decidiera crear la medida que le permite investigar la posible corrupción dentro de las alcaldías quindianas, sus secretarías de educación y tecnologías, y el señor Escorcia.