Paramilitares y asesor de Petro aclaran episodio por reunión en Valledupar

Siguen saliendo múltiples versiones que desmienten la existencia de un presunto 'Pacto de Valledupar'.

En dos comunicaciones a la opinión pública, siguen desmintiendo las palabras, sin pruebas, que Angie Rodríguez difundió en medios de comunicación de la extrema derecha en contra el expresidente Gustavo Petro.

Los comunicados pertenecen a Victor de Currea Lugo, exasesor del presidente Petro en el Dapre, y de once exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que estuvieron en lo que hoy, ligeramente, señalan como el ‘Pacto de Valledupar’.

En la primera versión de Rodríguez, en octubre de 2025, hubo una reunión en Valledupar entre el Gobierno Nacional y jefes de las extintas AUC para finalizar con los procesos de Paz de Santa Fe de Ralito. En dicha reunión, según Angie Rodríguez, Petro habría ordenado a ella y a Victor de Currea Lugo y a Jorge Alberto Lemus, exdirector de Inteligencia, convencer a los paramilitares para que dieran testimonios falsos en contra del hoy presidente, de Álvaro Uribe Vélez y del difunto Germán Vargas Lleras. Las palabras de Angie Rodríguez han sido masificadas por múltiples medios, sin que se surta ninguna prueba de dichas afirmaciones.

Lo que sí han salido, son varias versiones que desmienten la teoría del Pacto de Valledupar. Inicialmente, el presidente Petro desmintió a su exdirectora del Dapre publicando el acta de la reunión fechada el 24 de octubre de 2025.

El documento se refiere puntualmente a todos los temas tratados en la reunión. En ningún momento alguna de las partes indican que hubiese cualquier mención al ilícito mencionado por Rodríguez.

En un segundo documento conocido por los exparas, estos se acogen al texto antes mencionado.

Los jefes firmantes son: Juan Francisco Prada Márquez, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Rodrigo Pérez Alzáte, Rodrigo Tovar Pupo, Carlos Mario Jiménez Naranjo, Manuel de Jesús Pirabán, Fredy Rendón Herrera, Hernán Giraldo Serna, Edwar Cobos Téllez, Salvatore Mancuso Gómez, Héctor Germán Buitrago.

“El único documento que reconocemos como auténtico es el Comunicado Conjunto No. 1, del 24 de Octubre de 2025, compuesto por dos páginas. Su contenido fue leído íntegramente durante un acto público, por la entonces Directora del DAPRE, Doctora Angie Lizeth Rodriguez Fajardo, en la ciudad de Valledupar, registrado en un video de 4 minutos y 3 segundos, que ponemos a disposición de la opinión pública y cuya lectura coincide palabra por palabra con el documento original. Adicionalmente, ese mismo día, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) publicó las dos páginas del comunicado en su cuenta oficial de X (@DapreCol), confirmando públicamente el documento suscrito por representantes del Gobierno y gestores de paz. Por lo anterior, rechazamos categóricamente el documento espurio difundido recientemente por algunos medios de comunicación, cuyo contenido no corresponde al comunicado auténtico del 24 de octubre de 2025.

Es posible que el periodista que lo publicó haya sido asaltado en su buena fe al recibirlo como auténtico. Por ello, y conforme al artículo 20 de la Constitución Política, solicitamos que se rectifique la información divulgada y se retiren los señalamientos infundados que, con fundamento en ese documento, pretenden atribuirnos compromisos, intereses o propósitos que nunca fueron expresados ni consignados en la declaración oficial. La rectificación debe tener la misma visibilidad que tuvo la publicación original. Asimismo, precisamos que cualquier información sobre el contenido y alcance de dicha declaración debe contrastarse con el documento original y con quienes lo suscribieron, por ser estos las fuentes directas y autorizadas para dar cuenta de lo allí expresado”.

Finalmente, conocido en El Reporte Coronell, Víctor de Currea Lugo también aclaró el tema de Valledupar y otro posterior. Un audio filtrado a la prensa, expresa al exasesor hablando con Salvatore Mancuso, pidiéndole una entrevista para hablar sobre el hoy presidente de la República, en época electoral. 

Sobre este supuesto, el documento dice: “Presenté mi renuncia como asesor presidencial en marzo de 2026, la cual fue aceptada el 1 de abril. El 23 de mayo y el 13 de junio contacté a Salvatore Mancuso por iniciativa exclusivamente personal, como periodista independiente, para solicitarle una entrevista destinada a mi pagina web (https://victordecurrealugo.com) y formularle preguntas sobre Abelardo de la Espriella. Mi propósito era contribuir al debate público en el contexto electoral, y expresé abiertamente mi posición política y mi interés en que la entrevista tuviera repercusiones en ese debate. 

No tengo por qué ocultar mis convicciones políticas: como ciudadano tengo derecho a expresarlas y, como periodista, a investigar y procurar información de interés general. En ningún momento ofrecí a Mancuso dinero, beneficios, favores ni contraprestaciones de ninguna naturaleza, ni le solicité que mintiera, formulara acusaciones falsas o cometiera delito alguno. No recibí instrucciones del Gobierno ni coordiné esta iniciativa con funcionario alguno. Mancuso no volvió a responder mis comunicaciones у la entrevista nunca se realizó. 11. Estas comunicaciones para una eventual entrevista fueron posteriores a mi desvinculación del Gobierno y no formaron parte de mis responsabilidades como asesor presidencial ni de los compromisos de la reunión de Valledupar de octubre de 2025. Presentarlas como prueba de una operación gubernamental supone atribuirles una vinculación institucional que rechazo y que no se desprende, por sí sola, de los mensajes publicados”.

Sobre la reunión de Valledupar, Víctor de Currea Lugo aclaró: “Trabajé como asesor presidencial y, en ejercicio de esas funciones, hice el acompañamiento en las tareas designadas por el presidente Gustavo Petro en la búsqueda de la paz. Participé como asesor presidencial en la reunión con los comandantes de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia en Valledupar, reunión a la que ha hecho referencia la prensa en los últimos días. Mi participación fue conocida por el país desde el primer momento por los medios de comunicación.

Dicha reunión sí buscaba cerrar el proceso del Ralito: "Reconocemos, igualmente, que estos días de trabajo son un punto de partida hacia un proceso, cuya meta fundamental es el cierre del proceso de paz entre el Estado colombiano y las extintas Autodefensas Unidas de Colombia". (Declaración de Valledupar por el cierre del proceso de paz con las extintas autodefensas, 24 de octubre de 2025).

Se planteó la necesidad de que el país supiera no solo las acciones militares del fenómeno paramilitar, sino también sus variables políticas y económicas. Es decir, la propuesta sí buscaba analizar la parapolítica y la paraeconomía, temas pendientes que el país debe conocer. Los antiguos paramilitares rechazaron dar nuevas declaraciones, argumentando que aportar nuevos testimonios podría dar lugar a nuevos procesos penales en su contra. La preocupación por su seguridad jurídica fue un elemento central de la discusión. Sin embargo, aceptaron suscribir un documento al final de la reunión.

La propuesta fue, entonces, que el Gobierno elaborara informes sobre la parapolítica y la paraeconomía, mediante la organización y sistematización de los testimonios ya dados por los antiguos paramilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía y el sistema de Justicia y Paz, sin requerir nuevas declaraciones. En el documento finalmente firmado se estableció que "La verdad de la participación de las Autodefensas en el conflicto armado ya ha sido ampliamente dicha y corresponde a la Mesa Técnica la organización, sistematización y divulgación de la información ya disponible". En ningún momento se planteó restringir las facultades de las autoridades judiciales para solicitar nuevas declaraciones.

Cabe precisar que durante las conversaciones circularon versiones preliminares del documento, que fueron objeto de discusión y modificaciones. Esas versiones no constituyen, por sí mismas, compromisos asumidos por las partes. Para establecer el contenido de los compromisos recogidos en el acuerdo, debe acudirse al documento finalmente firmado”.



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