Los bombarderos del Gobierno de la Patria Milagro tendrán que afinar la puntería.

De no hacerlo, las víctimas civiles, como las de Catatumbo hace tres días, se contarán por docenas. O, incluso, por centenares.

Y los desplazados, obligados por las fuerzas del Estado, podrían ascender a miles.

Las primeras bombas, ordenadas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Tibú y San Calixto, y publicitadas intensamente por sitios de las redes sociales afines al Gobierno, dieron en el blanco equivocado: hirieron a tres campesinos.

Además, causaron daños en viviendas rurales y causaron el desplazamiento forzado de familias inocentes.

Las versiones son de entidades oficiales como la Defensoría del Pueblo y la Personería de San Calixto, y algunos líderes sociales de Catatumbo.

La Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo sostuvo en un comunicado que luego de los bombardeos identificó a tres campesinos heridos: Elfido Galván, Lucía Amparo Guerrero (44 años) y Yadimier Ascanio.

También dijo tener registro “de viviendas y bienes civiles afectados, así como personas desaparecidas y desplazamientos de población hacia la cabecera municipal de El Tarra y lugares aledaños”.

El ministerio de Defensa anunció las operaciones militares contra el ELN, pero se abstuvo de reseñar los resultados concretos, como lo acostumbra.

 “En la noche del pasado lunes 10 de agosto, las Fuerzas Militares ejecutaron una importante operación contra una estructura criminal del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que delinque en Norte de Santander”, dijo un comunicado del ministro de Defensa, Jorge Mora, de origen nortesantandereano.

“Fueron neutralizados dos presuntos integrantes de esta organización en desarrollo de operaciones militares”, añadió, sin precisión alguna, el comunicado.

Un oficial dijo que los guerrilleros muertos fueron 7, y otro habló de 15 heridos.

La falta de precisión pone en duda informaciones como la de que “se incautaron de aproximadamente 1,5 toneladas de explosivos y 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones (…) además de material de comunicaciones e intendencia”.

“La operación fue planeada y ejecutada bajo los principios y normas aplicables del Derecho Internacional Humanitario, observando las reglas de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad, con especial énfasis en la protección de la población civil, las personas protegidas y sus bienes, así como en la integridad de los uniformados que participaron en la acción militar”, explicó el informe, como si otras operaciones no estuvieran dentro de ese marco jurídico.

El diario español El País citó a la Defensoría del Pueblo, a cargo de Iris Marín, pidiendo a las autoridades municipales y departamentales “disponer oportunamente de los recursos y mecanismos necesarios para garantizar la atención humanitaria de emergencia de las personas que hayan resultado afectadas o se vean obligadas a desplazarse”.

También, un llamado a las fuerzas militares para que refuercen la planeación y evaluación de las operaciones “a la luz de los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad del derecho internacional humanitario para prevenir afectaciones a la población civil”.

De acuerdo con la entidad, este hecho evidencia nuevamente “los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo y exige una respuesta preventiva y humanitaria oportuna”.

Jerson Andrey Figueroa, personero de El Tarra, aseguró que la operación militar fue “desproporcionada y habría puesto en riesgo la integridad y la vida de habitantes de la comunidad”.

 “La Personería Municipal expresa su profunda preocupación por la situación y rechaza cualquier actuación que pueda poner en riesgo a la población civil”.

La corporación Vivamos Humanos, que lleva más de 25 años trabajando por la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, insiste en que la prioridad del Estado y de las fuerzas militares “es proteger a la población civil, garantizar el acceso humanitario y verificar las afectaciones”.

Pero, desde antes de asumir, el nuevo Gobierno anunció que ejercerás un mandato de mano dura, y que los combatientes ilegales solo tendría la alternativa de enfrentar una ofensiva estatal o someterse a la justicia.