El banquillo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no da abasto con tantos corruptos del Centro Democrático y del uribismo que hacen turno para responder por sus actos corruptos.

Esta vez le toca el turno a uno de los catecúmenos de Álvaro Uribe Vélez con mejor futuro dentro del movimiento: el excongresista boyacense Ciro Alejandro Ramírez Cortés, 40.

La Corte lo acusa de tres crímenes: concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Estas tres conductas criminales son de extrema gravedad, pues el grado de corrupción del responsable atenta contra el dinero y los intereses de todo el pueblo.

Ramírez es hijo del fallecido excongresista Ciro Ramírez Pinzón, condenado por su participación activa en la parapolítica.

Este Ramírez va a juicio por hechos que ocurrieron entre 2021 y 2022 que tienen que ver, en criterio de la Corte y de la Fiscalía, con su eventual injerencia indebida en el Departamento de Prosperidad Social (DPS), para la contratación de obras públicas en varios departamentos del país.

Está preso desde mediados de diciembre pasado; debido a la posibilidad de fuga, y considerando el nivel de peligrosidad del reo, que podría generar obstrucción a la Justicia, la Sala de Instrucción de la Corte decidió mantener esa medida de aseguramiento.

Al enterarse de la detención de Ramírez, Uribe Vélez lamentó el hecho, y en su cuenta de la red X escribió: “Me duele la captura del joven Senador Ciro Ramírez. Ojalá pueda salir adelante. Este tipo de problemas es lo único que deja la “maldita” mermelada".

En ese trino, a Uribe le faltó decir que fue gracias a la llamada mermelada que, de manera corrupta, lo hicieron presidente por segunda vez.

De acuerdo con la Sala, la detención era necesaria porque, entre otras cosas, Ramírez visitó en La Picota al testigo Pablo César Herrera el 5 de octubre de 2022 para ofrecerle “ayuda”, y porque hay evidencias de que los involucrados que enfrentan distintos procesos penales han estado en continua interacción.

Según las investigaciones de la Corte, el exsenador del Centro Democrático habría organizado y dirigido un entramado criminal para alcanzar un contrato de gerencia integral en 2021, que se firmó entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta por 48.660 millones de pesos.

De ese convenio, se derivaron otros 13 contratos, que Ramírez habría direccionado hacia personas específicas, para favorecer sus intereses políticos y económicos, con participación de Pierre García, ex subdirector del DPS, quien está imputado por la Fiscalía General por su participación en estos hechos.

Según la Corte, ambos buscaron favorecer a Ramírez en Quindío, Caldas, Santander y Tolima, departamentos donde el exsenador ha tenido intereses políticos, a cambio de dádivas por más de 1.000 millones de pesos.

Buscaban así replicar el modelo criminal de corrupción que usó el exsenador Mario Castaño para desviar miles de millones de pesos a través del direccionamiento de contratos en el llamado Cartel de Las Marionetas.

Ramírez se reunió en septiembre de 2021 con Alejandro Noreña, quien hizo parte del entramado de Castaño, y quien fungía como asesor entonces de Pablo César Herrera, gerente de Proyecta, quien dijo a la Fiscalía que la modalidad de contratación por la vía de gerencias especiales les permitía a ellos direccionar a su antojo múltiples contratos.

Y entre el 8 y el 12 de noviembre de 2021, efectivamente, se firmó el convenio 670 de 2021 entre el DPS y Proyecta por 48.660 millones de pesos. Luego hubo más reuniones para direccionar al menos 13 contratos, incluidos en ese convenio, por valor de 24.606 millones de pesos.

Según Herrera, lo que se hizo fue crear una especie de bolsa dentro de ese contrato de gerencia integral en zonas en donde el senador Ramírez tenía influencia, como Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda.

Ramírez sostiene que es inocente y que el testigo Herrera lo mencionó para hacerle daño y obtener beneficios judiciales.