El Presidente Gustavo Petro alertó de que ya comenzó el golpe blando contra su Gobierno, como lo venía advirtiendo desde hace algún tiempo.
La advertencia ocurrió luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reveló que estudia una ponencia de formulación de cargos contra Petro y el gerente de su campaña electoral, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.
Según Petro, el CNE considera ilegales algunas donaciones a Colombia Humana, la coalición que lo llevó al poder, pero no otras similares hechas a otros partidos, como el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Petro ha insistido en que la oposición, en especial la ultraderecha, organizan un golpe de Estado no militar, que pretende sacarlo de la Presidencia de la República.
Según la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), hay evidencia sobre violación de topes en la campaña Petro presidente, cuyo gerente fue Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por lo que el texto radicado también pide formulación de cargos en contra del dirigente.
Colombia Humana recibió una donación de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y le la Unión Sindical Obrera (Uso), de Ecopetrol, similar a otras de Keralty, una empresa española de salud con grandes intereses en Colombia, que hizo al Centro Democrático y otros partidos y políticos.
El CNE cuestiona que Colombia Humana haya destinado unos 1,000 millones de pesos para pagar a centenares de testigos electorales, para que vigilaran el conteo de votos en las urnas.
Petro argumenta que, por ley, la campaña termina el día anterior a las elecciones, y que, por ello, el pago a los testigos no puede ser considerado como gasto de campaña.
Por esa razón no debe ser informado al CNE en la contabilidad.
Según la ponencia de Ortiz y Prada, hay evidencia sobre violación de topes en la campaña Petro presidente, cuyo gerente fue Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por lo que el texto radicado también pide formulación de cargos en contra del dirigente.
Ahora, la sala plena del tribunal electoral decidirá si acepta la ponencia presentada por Ortiz y Prada o si concluye la investigación.