El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que en su país “no volverá a haber elecciones”, con el argumento de impedir que la oposición pueda regresar al Gobierno.

Ortega, que pasó de ser comandante guerrillero del rente Sandinista de Liberación Nacional a dictador de su país, habló este domingo en Managua, la capital, por el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista y representa una nueva señal de cierre de los espacios de competencia política en el país centroamericano.

“Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos, la oposición, atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, dijo.

También sostuvo que impulsará leyes para impedir que sus adversarios políticos puedan recuperar el control del Estado.

“Se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, vuelvan a llegar al Gobierno. Jamás, jamás”, añadió.

Daniel Ortega, de 80 años, permanece en el poder desde 2007, luego de haber gobernado Nicaragua durante la década de 1980. Desde entonces, ha sido reelegido en medio de cuestionamientos internacionales y denuncias sobre la falta de garantías para la oposición.

En 2025, una reforma constitucional amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y creó la figura de copresidenta, cargo que ocupa su esposa, Rosario Murillo.

La reforma también fortaleció el control del Ejecutivo sobre las instituciones del Estado y modificó el calendario electoral del país.

El anuncio de Ortega se produce mientras el Gobierno mantiene un férreo control sobre las instituciones y la oposición permanece debilitada, con varios dirigentes encarcelados, exiliados o despojados de su nacionalidad.

La declaración generó fuertes críticas entre sectores opositores.

Félix Maradiaga, dirigente opositor excarcelado y deportado a Estados Unidos, afirmó que las palabras del mandatario no representan una demostración de fuerza, sino una señal de temor frente a una eventual competencia política.

“Ortega reconoció públicamente lo que siempre ha sido su verdadera intención: impedir que su proyecto tiránico sea sometido a cualquier forma de competencia democrática”, sostuvo Maradiaga.

Por su parte, el analista Tiziano Breda, de la organización Acled, consideró que la decisión profundiza la transformación de Nicaragua en una “dictadura familiar” y refleja el temor del Gobierno a que una apertura política pueda permitir el crecimiento de la disidencia.

La crisis política nicaragüense se agravó en 2018, cuando las protestas contra el Gobierno fueron reprimidas.

Organismos de derechos humanos han documentado la muerte de más de 300 personas durante esa ola de movilizaciones.

Desde entonces, el Gobierno de Ortega ha intensificado la persecución contra opositores, organizaciones civiles y medios independientes.

Con su más reciente anuncio, el mandatario parece avanzar hacia el cierre explícito de la vía electoral como mecanismo de alternancia política.

La medida podría profundizar el aislamiento internacional de Nicaragua y consolidar el control de Ortega y Murillo sobre el poder estatal.