Colombia y EE.UU. y sus fronteras en emergencia: casos de excepción

Habitantes de Catatumbo huyen en busca de refugio, por la guerra (izq)., y migrates de todo el mundo quedaron varados en la frontera entre México y Estados Unidos.

Son dos fronteras conflictivas desde cuando se trazaron tal como están.

La de Colombia con Venezuela, es considerada la más dinámica de Centro y Sudamérica, descontando, precisamente, a México.

La otra es considerada como una de las más activas del planeta.

Hoy, casi desde la misma hora, están en emergencia y bajo regímenes de excepción que buscan solucionar problemas que, de alguna manera, parecen insolubles.

Hay, sin embargo, una diferencia protuberante: Colombia busca frenar una guerra y sus consecuencias, y Estados Unidos, declararla, sin atender a todo lo que se deriva.

Al declarar el estado de conmoción interna y la emergencia económica para contener la guerra entre disidentes de las Farc y el Eln y sus consecuencias, el presidente Gustavo Petro se convirtió en el primer gobernante de la historia que impone las dos medidas al mismo tiempo.

Donald Trump, por su parte, para estrenar su segundo gobierno prácticamente declaró la frontera con México en frente de guerra, también bajo medidas de excepción.

Tanto acá, como allá, las nuevas situaciones jurídicas adoptadas permiten a los gobiernos limitar derechos y garantías e imponer deberes y obligaciones imposibles de adoptar en circunstancias normales.

Sin embargo, en el caso colombiano, las figuras de excepción que adoptó Petro, no tienen carácter permanente, como sí la que estableció Trump.

En Colombia, tanto el estado de conmoción, como la emergencia económica, son figuras adoptadas por la Constitución de 1991, para reemplazar el fatídico estado de sitio que, desde 1886 y hasta entonces, gobierno tras gobierno adoptaron de manera casi permanente, incluso llegando a abusos extremos como los soportados durante la administración de Julio César Turbay Ayala.

Tanto el estado de conmoción con la emergencia económica se pueden aplicar solo si la Corte Constitucional considera válidas las razones que llevaron al presidente a recurrir a esas medidas.

Sin embargo, la conmoción solamente se extenderá hasta cuando dejen de existir las causas que la motivaron. En este caso, hasta cuando se neutralice la guerra entre las dos organizaciones guerrilleras y se garantice a los habitantes, que huyen por miles, que pueden vivir tranquilos en sus casas y en sus pueblos.

Para ello, obviamente, las fuerzas del Estado deberán actuar a fondo: los focos de violencia tendrán que ser erradicados mediante la confrontación armadas, pues no hay otra manera de ofrecer normalidad. Solo que, en la zona de Catatumbo, la guerra lleva décadas, porque el estado ha sido incapaz de frenarla, pese a múltiples esfuerzos de los gobiernos.

Bajo el estado de conmoción, el Gobierno puede suspender garantías constitucionales como la libertad de circulación y reunión, desplegar el pie de fuerza y el control militar de la infraestructura, y, en el caso del Catatumbo, resguardar militarmente el paso binacional.

Amparado en el estado de conmoción, el presidente también podrá emitir decretos con fuerza de ley y suspender normas vigentes incompatibles con el estado de conmoción, que dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público.

No podrá, en cambio, afectar la protección de los derechos humanos ni las facultades de otras ramas del poder público, con especial atención a la rama judicial.

Desde luego, la Corte Constitucional no está obligada a avalar los decretos firmados por Petro y todo su gabinete, como lo exige la Constitución.

Poco después de llegar a la presidencia, Álvaro Uribe Vélez quiso prorrogar por segunda vez el estado de conmoción interior que decretó en agosto de 2002 para enfrentar uno de los picos más sangrientos del conflicto armado, y la Corte Constitucional negó esa aspiración, pues consideró que el gobierno podía atener la situación con las facultades habituales.

Una segunda negativa sucedió en 2009, ante un paro judicial que estaba causando serias consecuencias nacionales.

Los argumentos de Petro son evidentes y poderosos: la guerra deja ya un saldo temporal de más de 30 civiles asesinados (incluso se habla de 80), y unos 12,000 desplazados.

Por su parte, la emergencia económica le permitirá al presidente atender consecuencias de la guerra mediante el uso de recursos financieros adicionales, a través de nuevos tributos o la modificación de los actuales, para atender la pobreza de la población y la necesidad de acelerar el desarrollo de la región

Esta medida tiene una vigencia de 30 días, prorrogables hasta un máximo de 90 días en un año.

Así, Petro podrá redirigir recursos de otras asignaciones hacia gastos militares o la atención humanitaria en el Catatumbo.

A la emergencia económica acudió el anterior gobierno para atender la crisis económica generada por la pandemia del covid-19.

Ley de guerra

Entre sus primeras órdenes, Trump acudió a la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, mediante la cual literalmente pone en estado de guerra la frontera entre México y Estados Unidos y declara como organizaciones terroristas a los carteles mexicanos del delito.

Con ello, pretende llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de inmigrantes de la historia e impedir el paso de migrantes y solicitantes de asilo en la frontera.

Durante su campaña presidencial, Trump estigmatizó a los migrantes llegados a EE.UU. en los últimos años, calificándolos de criminales, a pesar de que múltiples estudios han demostrado que las personas nacidas en el extranjero rompen la ley en menor porcentaje que los nacidos en EE.UU.

Esa ley permite expulsar a foráneos sin un debido proceso legal y fue usada durante el Gobierno de Franklin D. Roosevelt (1933-1945) para crear campos de internamiento para ciudadanos de origen japonés en EE.UU.

Con respecto a la frontera, Trump indicó que declarará un estado de emergencia nacional en la frontera sur para frenar la entrada irregular de migrantes y restaurará la política conocida como Permanece en México, instaurada durante su anterior gobierno, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en el país vecino mientras se procesaban sus casos.

“Enviaré tropas a la frontera sur para acabar con la nefasta invasión”, dijo.

También le permitirá continuar la construcción de un muro de miles de kilómetros, que ha mostrado poca efectividad para evitar el paso de personas y, en cambio, ha generado problemas en lo relativo a las migraciones naturales de animales.

Hay, sin embargo, una posibilidad extrema: como lo planea Trump, reinstaurar la pena de muerte a nivel federal para inmigrantes, suspendida por el gobierno saliente de Joe Biden.

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