Dos nuevos casos de corrupción llegan al sinfín de estafas que componen a la Patria Milagro. Los protagonistas son la violenta directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), María Carolina Restrepo Cañavera y el canciller Omar Bula Escobar.

Títulos falsificados, inflación de experiencia en la hoja de vida y otros delitos por contratos inundan a ambos funcionarios, de los más regresivos en política de derechos. Bula por un lado es el encargado de llevar a Colombia internacionalmente en contra de cualquier política democrática y que rechace el genocidio en Gaza.. Restrepo adelanta una política regresiva en derechos y libertades a la primera infancia de la Nación.

Las investigaciones fueron dirigidas por el senador Duvalier Sánchez y el concejal Julián Triana por el lado de Carolina Restrepo. En el caso de Omar Bula, la investigación fue revelada en exclusiva por el portal CasaMacondo.

Los políticos aseguraron que presentarán acciones legales contra la directora del Icbf, quien ya aseguró que no renunciará, aunque no fue capaz de desmentir las afirmaciones.

Omar Bula no se ha pronunciado, siendo su escándalo el más grave, por sus implicaciones internacionales.

Carolina Restrepo

Carolina Restrepo es la inexperta directora de la entidad encargada de velar por la seguridad y bienestar de las niñas y los niños de Colombia. Tarea que desde el primer día fue incumplida, puesto que su primera acción relevante fue eliminar el término ‘niñas’ de las comunicaciones públicas de la entidad. Después de eso, su pobre gestión se basa en desconocer el presupuesto del Instituto, decir que ‘solo existe un tipo de familia’, y despotricar con opinadores en su cuenta de X.

No sorprende esa forma de actuar, si se remite a la hoja de vida, mentirosa también. Una investigación del senador Duvalier Sánchez y del concejal de Bogotá, Julián Felipe Triana (ambos del Partido Alianza Verde), revelaron las mentiras con las que Carolina Restrepo infló la hoja de vida con la cual llegó al Icbf.

Un día después de que el presidente postulara  Restrepo en el Icbf, apareció en la hoja de vida de la funcionaria experiencia laboral como ‘abogada - socia fundadora’ de la firma Restrepo Cañavera S.A.S. Firma que tiene sus mismos apellidos, es decir, la funcionaria se certificó a sí misma. 

La experiencia de Restrepo se indica desde 2002, pese a que la firma está legalmente constituida desde 2004. La revelación, con escritura pública en mano, demuestra que la directora del Icbf se infló dos años de experiencia ilegalmente.

Dos años más, si se tiene en cuenta la escritura pública 482 del año 2006, que afirma que Carolina Restrepo trabaja en su firma desde 2006: 4 años de experiencia falsamente acreditados.

La firmante de esa acreditación laboral es Erika Jazmín Jiménez Romero, secretaria privada de Carolina Restrepo. La misma directora ha elogiado a la funcionaria, con quien asegura haber trabajado por 11 años.

La certificación se firmó en julio de 2026. Desde 2023, Erika Jiménez ya no trabajaba en la firma Restrepo Cañavera S.A.S. Es decir, firmó un documento para acreditar algo que ya no le constaba, en una empresa para la que ya no estaba vinculada.

Omar Bula

El bodeguero de extrema derecha que hoy funge como canciller, Omar Bula Escobar, también está implicado en un presunto ilícito por falsedad en documento público. Una investigación de CasaMacondo reveló que el funcionario falsificó 3 títulos para relacionados con sus capacidades, para poder entrar a Cancillería.

Incluso, la hoja de vida y los requisitos para ser canciller parecen estar exactamente ajustados unos con otros.

“En su curriculum vitae, el canciller afirma que estudió durante un semestre en la prestigiosa universidad estadounidense y que obtuvo un grado de formación técnica en «Negociación Estratégica Sector Público». La realidad es otra. Según el certificado expedido por la institución, Bula solo realizó un curso de cinco días en la John F. Kennedy School of Government, del 26 al 30 de mayo de 1998. 

Ese curso no es un título universitario. De acuerdo con Harvard, es un programa de educación ejecutiva que solo otorga a sus estudiantes un certificado de finalización. El curso tampoco puede considerarse un título de acuerdo con la ley colombiana. El Decreto 1075 de 2015 establece que los cursos que tienen una duración menor a 160 horas son «educación informal». Por eso, al marcarlo como TC (Técnico) en su hoja de vida oficial, Bula incurrió en una falsedad. Por lo demás, en Colombia los grados técnicos suelen durar varios semestres y se miden en créditos académicos”, dice la investigación.

Los otros dos cursos que Bula Escobar hace pasar como títulos son una especialización de la escuela de negocios de la Universidad George Washington (GWU), en Washington D.C. Según registró el canciller, el programa duró dos semestres y lo terminó en 2020. Ese programa es en realidad un curso de educación continua que les otorga a quienes lo completan un certificado, pero no un grado o un título universitario.

En octubre de 2021, pocos meses después de la pandemia de Covid-19, Omar Bula se graduó de la Maestría en Dirección de Empresas (Global MBA) de la ADEN University. Además de permitir a sus estudiantes optar por el certificado de GWU, ese posgrado virtual les ofrece «una opción de segunda titulación». De acuerdo con la universidad, ese segundo título se llama «MBA con orientación en Gestión Estratégica de los Negocios» y lo otorga el EUNCET Business School, un centro de estudios adscrito a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

En su hoja de vida oficial, el canciller registra este máster de la EUNCET como uno de sus títulos. El problema es que, según ADEN, esta segunda maestría catalana es «un título propio» y no un título oficial, y por eso «no es sujeto a homologación oficial». En Colombia, los títulos que se obtienen en el extranjero deben ser convalidados para ser considerados legítimos. El Ministerio de Educación ha señalado que los títulos propios españoles no son convalidables. Bajo esa lógica, el máster en Gestión Estratégica de los Negocios que Bula incluye en su hoja de vida no tendría validez en Colombia”, sostiene CasaMacondo.