Son enormes y reiteradas, las dudas sobre la administración de los recursos de la ayuda humanitaria nacional e internacional con motivo del terremoto del 10 de agosto pasado en Colombia.

Un llamado Fondo Milagro, creado a las carreras por el Gobierno y manejado por un grupo de personas que cuesta 756,6 millones de pesos mensuales, y una fundación privada que no rinde cuentas, han despertado recuerdos nada gratos.

Estos recuerdos han reabierto el debate sobre un interrogante que la historia latinoamericana ya respondió con sangre: cómo la gestión gubernamental de una catástrofe puede definir —y acelerar— el fin de un Gobierno.

El de Managua, el 23 de diciembre de 1972, fue un terremoto que trajo consecuencias devastadoras de todo tipo y llevó al derrumbe de una dictadura familiar de 43 años.

Fue el origen mediato de la revolución sandinista y de la guerra que sepultó el régimen de Anastasio Somoza Debayle.

También ocurrió en Perú (1970, con el presidente Juan Velasco Alvarado), en Guatemala (1976, con Kjel Eugenio Laugerud García), México (1985, con Miguel de La Madrid), Turquía (1999, con Bülent Ecevit), y en Armenia-URSS (1988, con Mijail Gorvachov).

Las consecuencias del terremoto de agosto en Colombia son más graves que las de Nicaragua, en lo relacionado con la atención a los damnificados.

El de Managua, de 6,2 grados en la escala Richter, arrasó la ciudad y dejó a unas 210,000 personas sin hogar.

En Colombia, los damnificados sin hogar suman más el doble de esa cifra, y la destrucción afecta la vida en por lo menos 130 centros poblados de todo tipo, en 10 departamentos.

Tres meses después del sismo, en ciudades como Armenia, Cali y Pereira, y numerosas poblaciones de Chocó, miles de personas sobreviven bajo carpas improvisadas.

En Nicaragua, como en el caso de Colombia, la ayuda humanitaria no tardó en llegar a través del Gobierno.

Pero, como en Colombia hoy, los beneficios y las ayudas para los damnificados tardaron en llegar o no llegaron nunca.

Poco a poco se fue levantando un sentimiento de protesta que ya no pudo ser superado.

La corrupción de los Somoza, dueños de al menos 75 empresas de todo tipo, fue la causa de la tardanza y de que la ayuda pasara a manos de allegados al régimen.

Estados Unidos calculó su ayuda en 80 millones de dólares, para un total aproximado de 145 millones de dólares.

Varias decenas de estos millones fueron a dar a empresas de los Somoza o de sus amigos, a través de contratos excluyentes y negocios privados, mediante un esquema financiado con fondos de la reconstrucción.

El Gobierno utilizó fondos de la ayuda extranjera para comprar terrenos periféricos donde reubicar a los damnificados y construir centros distritales, adquiriéndolos a precios inflados a allegados de Somoza. Un caso documentado por la prensa estadounidense expone cómo el coronel Rafael Adonis Porras Largaespada, edecán de Somoza, compró tierras por 71.428 dólares y meses después las revendió al Estado por más de 3,34 millones de dólares.

A través de testaferros, el propio dictador adquirió un terreno algodonero por 30,000 dólares y, pocas semanas después, lo vendió al propio Estado nicaragüense por 3 millones, absorbiendo íntegramente un préstamo de emergencia destinado a construir viviendas para los afectados.

Además, gran parte de los préstamos y donaciones terminaron en las cuentas de las empresas privadas de su familia, dueña de las principales fábricas de cemento, bloques y adoquines (como Mayco), asegurando contratos exclusivos para pavimentar y reconstruir con fondos públicos y extranjeros.

Durante las primeras semanas tras el sismo, la Guardia Nacional tomó el control absoluto de los aeropuertos y bodegas. Toneladas de alimentos, medicinas, tiendas de campaña y ropa donadas por gobiernos y ciudadanos de todo el mundo fueron acaparadas por militares y vendidas en el mercado negro o en comercios vinculados al régimen.

Poco después del sismo y lejos de orientar los recursos del Estado hacia el socorro a las víctimas, Somoza instrumentalizó la tragedia para consolidar un poder sin contrapesos.

Decretó la Ley Marcial y el Estado de Sitio, y se autoproclamó presidente del Comité Nacional de Emergencia, situándose por encima de cualquier otro poder o institución en el país.

Que se sepa, en Colombia no se ha llegado a los extremos de inoperancia y corrupción del somocismo en Nicaragua, donde hasta el plasma fue revendido en el mercado negro.

Pero la ineficacia e ineficiencia del Fondo Milagro, que solo ha otorgado contratos por 1,2 por ciento de los recursos que el Gobierno dice haberle asignado, han despertado inquietud en la población.

Cada vez son más frecuentes algunas preguntas como ¿dónde está el dinero de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas? de Ana Lucía Pineda, o ¿por qué no funciona el Fondo Milagro? anunciado a todo timbal por el Gobierno.

Somoza asumió el control de las ayudas, que nunca llegaron al pueblo.

Ocurrió, entonces, un sismo social que derivó en la Revolución Sandinista y en el derrocamiento del dictador.

Colapsó la confianza del pueblo en el Gobierno, loque dotó al Frente Sandinista de Liberación Nacional de una base de apoyo popular que desembocaría en la Revolución de 1979 y la caída del régimen.

Hoy, recordar esos episodios, opera como advertencia inagotable: las catástrofes naturales son inevitables, pero el desvío de recursos y la politización de la ayuda constituyen una violencia moral añadida. Cuando un gobierno prioriza el control político y el lucro privado sobre las vidas de la ciudadanía en su hora más vulnerable, no solo destruye el tejido social: firma su propia sentencia.

Otros casos históricos

• Perú (1970) – Juan Velasco Alvarado: Aunque no cayó de inmediato, el sismo de Áncash desnudó las limitaciones de su reforma agraria y la lentitud burocrática para reconstruir zonas arrasadas como Yungay. Esto desgastó su apoyo popular hasta el golpe interno que lo desplazó en 1975.
• Guatemala (1976) – Kjell Eugenio Laugerud García: El ejército acaparó los recursos internacionales tras un sismo devastador que afectó principalmente a comunidades indígenas. La corrupción y el abandono estatal avivaron el conflicto armado interno y deslegitimaron al régimen militar.
• México (1985) – Miguel de la Madrid: La parálisis del gobierno y su rechazo inicial a la ayuda extranjera contrastaron con la rápida organización civil tras el sismo de Ciudad de México. Esta negligencia fracturó la hegemonía del PRI y impulsó la transición democrática del país.
• Armenia / URSS (1988) – Mijaíl Gorbachov: El terremoto de Spitak evidenció la pésima calidad de las construcciones soviéticas y la ineficiencia logística de Moscú para rescatar víctimas. El descontento disparó el nacionalismo armenio y aceleró el colapso de la Unión Soviética.
• Turquía (1999) – Bülent Ecevit: La lenta respuesta estatal y la permisividad ante construcciones ilegales tras el terremoto de İzmit provocaron miles de muertes evitables. El enojo ciudadano hundió a los partidos tradicionales y llevó al poder al partido de Recep Tayyip Erdoğan en 2002.