Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, uno de los dos principales involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del riesgo de Desastres (Ungrd) solo irá cinco años y ocho meses a la cárcel.
Y su prisión será un cómodo cuartel militar.
Como subdirector de la Ungrd, Pinilla es el primer condenado por el gran escándalo, que compromete a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes y a exaltos funcionarios del Gobierno.
Pinilla se hizo a conocer a principios del 2024, cuando varias revelaciones periodísticas lo llevaron a renunciar a su cargo y a confesar ante la justicia que había entregado ilegalmente dinero público a los expresidentes del Senado, Iván Leónidas Name Vásquez (AV), y de la Cámara, Andrés David Calle Aguas (Lib), para que estos favorecieran al Gobierno.
Según Pinilla y su exjefe, Olmedo de Jesús López Martínez, Name recibió tres millones de pesos en efectivo, y Calle, 1,5 millones, supuestamente para influir en la aprobación de proyectos de ley.
Un juez penal encontró a Pinilla culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.
Pinilla es ingeniero de 38 años y tenía un futuro prometedor en la pol+itica. Era entonces alcalde de Sabana de Torres (Std) a donde llegó con el apoyo del Partido Conservador y la Alianza Social Independiente. Su trayectoria parecía en ascenso cuando López, político de la izquierda tradicional que encabezaba la Ungrd, lo designó como su subdirector de Manejo de Desastres.
López y Pinilla se vieron arrinconados a principios del 2024 cuando se conoció en los medios que la Ungrd había comprado 40 costosos carrotanques para llevar agua a La Guajira y que estos nunca habían llegado a su destino.
Habían pagado 46.800 millones de pesos, unos 12 millones de dólares, con sobrecostos de más de 20.000 millones de pesos (alrededor de cinco millones de dólares).
Poco después, Pinilla renunció y denunció que había entregado ese dinero a congresistas para favorecer las reformas del Gobierno. En sus palabras, en octubre de 2023 entregó en efectivo 3.000 millones de pesos (unos 770.000 dólares) al entonces presidente del Senado, Iván Name, un veterano político del Partido Verde que ha sido opositor al Ejecutivo. Paralelamente, dice Pinilla, dio otros 1.000 millones de pesos (260.000 dólares) al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, un joven político liberal aliado del Gobierno.
Luego, Pinilla compartió con la justicia y con los medios varios chats que indicarían que en el desfalco estaban involucrados altos funcionarios del Ejecutivo.
Además de López, el ingeniero enlodó al entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova; y uno de los enlaces de la Presidencia con el Congreso, Jaime Ramírez Cobo.
López, quien ahora también colabora con la justicia, ha señalado adicionalmente al exministro del Interior, Luis Fernando Velásco Chaves, y a uno de los políticos más cercanos al presidente Petro, Carlos Ramón González Merchán, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Los casos avanzan a ritmos dispares. López, en prisión, ha aceptado cargos por dos delitos (peculado por apropiación y concierto para delinquir) y ha buscado una pena de alrededor de siete años de prisión, que aún no ha definido la justicia.
Otro subdirector que tuvo en la UNGRD, Luis Carlos Barreto, también está tras las rejas y ha colaborado con la justicia, hasta el punto de comprometerse a actuar de testigo contra 16 personas más. La exconsejera Ortiz, recluida en un cuartel militar, negocia con la Fiscalía un acuerdo a cambio de su colaboración. Las investigaciones sobre el papel de los exministros y de González siguen en etapas previas a una imputación formal.