El silenciador

¡Cuántas veces dijeron los medios de comunicación corporativos que era inminente el cierre de medios de comunicación a manos del régimen de Gustavo Petro! ¡Cuántas veces insistieron los partidos de derecha en que el gobierno progresista solo quería estatizar medios y asfixiar la información!

Pero Petro, si bien cuestionó hasta el cansancio a la prensa privada, aclaró una y otra vez que no clausuraría canales de televisión ni periódicos, y eso, efectivamente, no ocurrió. Nunca hubo censura y los medios cumplieron su labor de atacar, informar, cuestionar o tragar entero, según el caso.

Sin embargo, sorprende que, en plena época de la maravillosa patria prometida, una de las primeras decisiones sea silenciar el sistema informativo de RTVC —hoy Inravisión— y, especialmente, a las emisoras de paz.

Las 20 emisoras de paz, creadas tras el acuerdo firmado con las extintas FARC, han permitido que más de 460 mil personas que habitan en zonas rurales vulnerables tengan acceso a información pública, la cual no solo se centra en las decisiones del Gobierno, sino también en espacios que les permiten enterarse de lo que ocurre en sus territorios.

Ahora, las emisoras solo transmiten música y su programación está centralizada —por decisión del hombrecito de las regiones— en Bogotá.

Una de las excusas para comenzar a tomar estas decisiones es “acabar con el aparato de propaganda”, pero el empobrecido gabinete del hombrecito parece olvidar que la propaganda en los medios públicos no se dio únicamente durante el gobierno de Gustavo Petro.

En tiempos de Álvaro Uribe, algo más de 300 consejos comunitarios fueron transmitidos ininterrumpidamente, mientras se acababa con 41 años de existencia de Inravisión, entidad liquidada durante su mandato.

Juan Manuel Santos orientó la comunicación estatal hacia los Diálogos de Paz de La Habana, y luego tuvimos a Ivancito, quien durante ocho meses presentó un espacio televisivo que se extendió innecesariamente durante la pandemia.

El gobierno de Petro sí difundió contenidos sobre su mandato, pero, por alguna extraña razón, el énfasis que se da en los “exhaustivos análisis” es que RTVC tuvo un enfoque militante y de proselitismo de izquierda.

¡Uy! ¡Qué miedo con la izquierda, que tiene aspecto de indígena, que habla en lenguas extrañas y desconocidas para los eruditos de derecha! ¡Qué pánico que en los medios públicos se vieran tantos rostros diversos! ¡Qué horror ver a esa gentuza “disfrazada” y con pieles reales!

Olvidan, ignoran y se rehúsan a admitir que, cuando un gobierno de derecha utiliza los medios estatales para transmitir propaganda institucional, esto suele verse como un acto tradicional de comunicación, pero si lo hace el progresismo, suele ser etiquetado bajo narrativas de “adoctrinamiento”, en franca evidencia del sesgo existente en la cultura política del país.

Mientras la derecha margina de las pantallas oficiales las realidades de las minorías étnicas, los movimientos de diversidad sexual o las protestas campesinas, presentándolas como “alteración del orden público” o simplemente ignorándolas, si el progresismo prioriza otras identidades, eso se convierte en un pecado: la ideologización de todo aquello que se prefiere ocultar.

Es tan pobre la argumentación del actual gobierno que solo busca centralizar su crítica en Petro y es por ello que demuestra su cobardía para recordar otros gobiernos de derecha, pues hacerlo debilitaría su discurso, enfocado en desmontar el legado progresista. Será incapaz de evocar el pasado mientras este no aporte a su estrategia de consolidarse como una figura de ruptura, y solo se concentrará en Petro.

Mientras tanto, la posibilidad de que las comunidades se enteren, incluso de lo que acontece durante este mandato, quedó borrada gracias al invento del silenciador: ese extraño dispositivo democrático que, en nombre de acabar con la propaganda, termina apagando voces; que, en nombre de la descentralización, concentra; que, en nombre de la pluralidad, uniforma.

En adelante, el reto será plantear cómo hacer del sistema de medios públicos una red verdaderamente independiente, cuyo control no esté, de forma alguna, en manos del gobierno de turno, sino que constituya un espacio de derechos democráticos permanentes, plurales y garantizados para toda la ciudadanía.

El problema no es quién habla desde los medios públicos, sino quién tiene el poder de apagar el micrófono. Esta vez, al parecer, el poder lo tiene el silenciador, ese hombrecito que llegó prometiendo escuchar al país, pero empezó por bajar el volumen de quienes ya tenían un micrófono.

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