La corrupta ex Alta Consejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova (Alianza Verde), fue enviada a la cárcel de El Buen Pastor, por la juez 3 penal municipal de Control de Garantías de Bogotá, dentro del proceso por el escándalo de corrupción dentro de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Ortiz figura en el proceso como mensajera del expresidente del Senado, Iván Leónidas Name Vásquez (Alianza Verde), a quien le llevó un soborno de 3 000 millones de pesos en efectivo para que, supuestamente, facilitara la aprobación de proyectos de ley.
El dinero pertenecía a un contrato ilegal para comprar carrtotanques destinados a transportar agua potable a las comunidades pobres de La Guajira.
La juez tomó la decisión luego de nueve horas de audiencia en la que juzga a Ortiz por lavado de activos y tráfico de influencias.
Todas las partes vinculadas al proceso expusieron sus argumentos, incluyendo la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), que respaldaron la solicitud de la Fiscalía de dictar medida de aseguramiento contrta Ortiz, también excongresista.
De hecho, el Ministerio Público desvirtuó el rol de madre soltera de la exfuncionaria (por ello no iría a la cárcel), y afirmó que, por su presunto papel en el entramado y en la desaparición del material probatorio, debía estar tras las rejas.
Por su parte, el defensos Oswaldo Medina aseguró que Ortiz recibió presiones de la Fiscalía General de la Nación (FGN) para llegar a un preacuerdo, y que su cliente estaba siendo utilizada para salpicar al presidente Gustavo Petro.
"Se terminó ofreciendo un principio de oportunidad, pero sin conocer sobre cuáles delitos específicamente redundaba el mismo", expresó Medina. "Debía aceptarlo dentro de los tres días siguientes".
En caso de no hacerlo, dijo el defensor, la FGN radicaría un escrito de imputación y medida de aseguramiento contra la acusada, como efectivamente sucedió.
Ortiz también tomó la palabra y pidió que la dejen defenderse en libertad.
"Voy a ir hasta las últimas consecuencias por mi inocencia”, dijo. “Soy una mujer inocente de todos los delitos que me están acusando; estamos en citas con psicólogos".
En audiencias anteriores, fueron expuestas las pruebas reunidas por la Fiscalía, entre ellas el testimonio de Olmedo de Jesús López Martínez y de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la Ungrd, según los cuales, Ortiz recibió en efectivo $3 mil millones de pesos que habrían sido entregados a Name.
Además, se destapó el supuesto cerebro del saqueo a la Ungrd, fondo del que salió el dinero para los congresistas. La Fiscalía apuntó a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien habría orquestado la disposición de los recursos destinados a atender la emergencia en La Guajira, para sobornar al legislativo.
Argumentos de la juez
"Es indudable a que no hay lugar, como lo dice la defensa, a que la conducta de lavado de activos sería atípica, pues si bien el defensor ha puesto de presente que esos dineros vendrían de un particular, sin embargo ya se habría señalado con qué fin irían. [...] En ese sentido debe señalar el juzgado que efectivamente se dan los delitos de tráfico de influencias de servidor público, pues la señora Sandra tiene esas calidades de servidora; estaba en un departamento donde podía influir sobre otros funcionarios, y tal cual como la reunión de Palacio; del desayuno del 25 de septiembre, se procedió a servir de ese puente entre un presidente del Senado y un director de la Ungrd, quien tenía en sus manos todas las obras y contratos. En ese orden de ideas, el juzgado considera que bajo esos elementos materiales probatorios se da esa inferencia razonable de autoría y participación bajo esos delitos que le han sido enrostrados a la señora Ortiz Nova. Estamos ante unos delitos graves porque los afectados son poblaciones vulnerables que están pidiendo ese líquido preciado”.