El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia de 15 años de prisión contra el expresidente de la extinta EPS CoopSalud, Carlos Augusto Palacino Antía, a la que hace 15 años llevó a la quiebra mediante un esquema de estafas y adulteraciones documentales por 7,5 millones de dólares de la época.

Así, la justicia reiteró que Palacino es el ícono de la corrupción en el sistema de salud colombiano, cuyo manejo financiero es fuente de debate desde hace varios meses entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y defensores de las empresas que prestan el servicio de salud a los colombianos.

La condena de Palacino hace relación con los delitos de estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado, en el mayor escándalo relacionado con el sistema de salud, también recae sobre el exvicepresidente financiero de Coopsalud, Javier Mauricio Sabogal Jaramillo.

La sentencia se basa en una larga investigación de la Fiscalía General de la Nación, que probó que entre enero de 2010 y mayo de 2011, los exdirectivos de la EPS realizaron maniobras para apropiarse de recursos públicos destinados a pagar los servicios prestados por clínicas y hospitales a las personas afiliadas a esa entidad.

“Expidieron cheques de manera sistemática para pagar supuestos servicios de salud y atención de pacientes, los cuales no fueron entregados a sus beneficiarios y en su lugar se guardaron o anularon”, explicó la fiscalía.

La EPS, entopnces la más grande del país, con 4,5 millones de usuarios, recibió 14.269 millones de pesos (unos 7,4 millones de dólares de la época) al haber cobrado al Estado pagos que nunca realizó.

Palacino, el delincuente que más daño hacausado al sistema de salud colombiano, cumple otra condena, de nueve años de cárcel, por peculado por apropiación en favor de terceros, al desviar más de 390.000 millones de pesos (más de 200 millones de dólares de la época) para comprar bienes raíces en Colombia, México y Ecuador, pagar viajes personales y autos lujosos, así como hacer préstamos a socios y ejecutivos de la empresa.

Saludcoop no solo ha representado uno de los mayores desfalcos del sistema, sino que ha reflejado problemas estructurales del actual modelo, uno de los que da arguimentos al Gobioerno para reformarlo.

La EPS nació como una cooperativa poco después de la aprobación de la ley 100, la que creó el esquema actual en el que el Estado gira recursos a esas entidades para que estas sirvan de aseguradoras de la salud de sus afiliados.

En 2011, convertida en parte de un grupo de más de 40 empresas, fue intervenida y liquidada por la Superintendencia de Salud. Sus malas prácticas contables y financieras habían deteriorado visiblemente la atención médica a sus usuarios.

Estos pasaron en 2015 a Cafesalud, otra EPS del grupo que también terminó en crisis. Medimás, que adquirió después la operación, también desapareció.

El caso recuerda la necesidad de vigilancia y seguimiento a las entidades de la salud, en una mirada que el Gobierno concentra en las EPS pero que también ha sumado desfalcos y bancarrotas en hospitales públicos y privados, secretarías de salud o laboratorios farmacéuticos.

Aunque hay consenso en la necesidad de reformar el sistema de salud, las soluciones difieren. Si el presidente Gustavo Petro ahonda en la necesidad de eliminar las EPS, a las que ve como rentistas ociosas de los recursos públicos, que además buscan negar servicios, estas responden que las innegables fallas actuales se deben a que el Estado no hace los pagos necesarios. Petro defiende una propuesta para eliminar ese modelo “mercantil”, pero su iniciativa no ha encontrado aprobación en el COngreso de la República.

En 31 meses de mandato, el Gobierno ha intervenido nueve EPS, incluida la privada EPS Sanitas —con 6 millones de afiliados — y la mixta Nueva EPS —con 11 millones—.

Con ellas, el aseguramiento de más de la mitad de los colombianos está a cargo de entidades manejadas por el Estado.

“Se estaban robando la plata, comenzando por la Nueva EPS, que escondió 5 billones de pesos en facturas”, dijo Petro en reciente Consejo de Ministros público. “No vamos a esperar al Congreso, el cambio al sistema de salud se puede hacer bajo las actuales leyes, solo se necesita audacia y decisión; aquí lo que se juega es la vida humana”.

Uno de los críticos ha sido el exministro de Salud Alejandro Gaviria.

La condena de segunda instancia contra el icónico Palacino, más de una década después de la intervención, incluye una multa de 820 salarios mínimos (equivalentes a unos 285.000 dólares) y una inhabilidad de 7 años y 8 meses para ejercer cargos públicos.