La meta del Gobierno colombiano es erradicar este año 30,000 hectáreas de cocales de uso ilícito, según la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, citada por un diario de Bogotá.

La cifra significa un ajuste de tres veces la meta incumplida del año pasado, de 10,000 hectáreas erradicadas, que no se alcanzó por 600.

Según el diario El Tiempo, fuentes oficiales dijeron que 20.000 hectáreas serían destruidas mediante fumigación en tierra, y las otras 10.000, a través de métodos manuales (arrancar la planta).

Las 20.000, dice el diario, implican otro giro en la política del presidente Gustavo Petro: después de dos años, los equipos de erradicadores volverán a usar glifosato , que aplicarán a través de bombas manuales. No habrá fumigación aérea.

Según Cecop, el sitio web donde el Estado publica sus contratos, la adquisición de un  “plaguicida químico de uso agrícola con composición garantizada de ingrediente activo glifosato” vale 7,700 millones de pesos.

En un posteo en su cuenta de la red X, Petro dijo que “la política del Gobierno es el pago por erradicación voluntaria de cultivos de hoja (de coca) y su sustitución por productos agroindustriales que generen prosperidad en las comunidades”. 

Sin embargo, su ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, reveló la puesta en marcha de la estrategia de erradicación forzada, ante el crecimiento tanto de los cultivos (253.000 hectáreas en 2023, según la ONU) como del potencial de producción de cocaína, que llegó a 2.664 toneladas, 53 por ciento más que en 2022.

Sánchez aseguró que el regreso al uso del glifosato está en fase de contratación. “Estas son herramientas legales, estratégicas y disponibles que se emplearán según la dinámica que se vaya presentando”. Y agregó: “El señor Presidente de la República lo que menos quiere es el empleo del glifosato. Estamos avanzando más fuerte en la otra línea, que es la sustitución de cultivos ilícitos, pero, por compromisos adquiridos, vamos paralelamente avanzando en el proceso de contratación. Esperamos que ojalá funcione bien la sustitución para que no sea necesario emplear este método”.

Entre tanto, el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, dijo que la erradicación con el químico se hará terrestre y manual, ya que la aspersión aérea no se utiliza desde 2015, en el marco de las negociaciones con las extintas Farc y de un fallo de la Corte Constitucional que endureció las condiciones para el uso de los aviones antinarcóticos.

Cabe destacar que, aunque Colombia batió en 2024 el récord en incautación de cocaína, el crecimiento de los narcocultivos y de la producción son un asunto sensible en las relaciones con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Al respecto, los departamentos de Justicia y de Estado de ese país han enviado señales sobre la molestia con la falta de resultados en la lucha contra la coca.

Con la erradicación química, que se había suspendido en los dos últimos años, se busca enderezar uno de los indicadores en rojo en la política de seguridad y control territorial del Gobierno. De hecho, los narcocultivos siguen siendo uno de los principales botines de guerra para el Eln, las disidencias de las Farc y el ‘clan del Golfo’ en Catatumbo, Antioquia, Cauca, Arauca, Putumayo y Nariño.

Hasta la fecha, según el general Triana, se han destruido 1.157 hectáreas, con el despliegue de 1.200. 

La estrategia contempla el uso del glifosato en los cultivos existentes en nueve “núcleos” de la producción coquera: Caucasia, Norte de Santander, Larandia-Villagarzón (Caquetá-Putumayo), Buenaventura, Cauca, Tumaco-Chachagüí (Nariño), Condoto (Chocó), San José del Guaviare y Cumaribo (Vichada).